Tenencia de perros en Viedma: ¿qué dice la ley y cuáles son las responsabilidades de los dueños?

La Ordenanza 6824, sancionada en junio de 2010 por el Concejo Deliberante de Viedma, regula la tenencia y el cuidado de perros, estableciendo normas específicas para aquellos considerados potencialmente peligrosos.

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Según el artículo 1, la norma busca controlar a los perros que deambulen sueltos por la ciudad, tengan dueño o no, para evitar incidentes.

En su artículo 2, se prohíbe el tránsito y permanencia de perros en la vía pública sin los medios de sujeción adecuados, como correa y bozal en los casos que corresponda.

Además, el Municipio tiene la facultad de retirar de la vía pública a los perros que se encuentren sueltos, resguardándolos en instalaciones determinadas para tal fin.

Perros potencialmente peligrosos: requisitos específicos

En el capítulo 2, la ordenanza establece un listado de razas consideradas potencialmente peligrosas, entre ellas:

• Pitbull Terrier

• Staffordshire Bull Terrier

• American Staffordshire

• Dogo Argentino

• Fila Brasileño

• Tosa Inu

• Akita Inu

• Rottweiler

El Municipio puede incluir otras razas según su ascendencia, porte o comportamiento agresivo.

Responsabilidad del dueño y sanciones

Los dueños de estos perros deben cumplir con ciertas obligaciones para prevenir accidentes y garantizar la seguridad pública:

• Usar bozal y correa en la vía pública.

• Ser mayor de 18 años para pasearlos.

• No transitar con más de dos perros potencialmente peligrosos.

• Vacunarlos contra la rabia e hidatidosis y contar con la documentación correspondiente.

El capítulo 3 establece que el dueño es responsable por cualquier daño que cause su mascota.

Un llamado a la responsabilidad

Los recientes ataques de perros en Viedma ponen en evidencia la importancia de respetar estas normativas para evitar situaciones de riesgo. La tenencia responsable es fundamental para la convivencia segura entre personas y animales.

A pesar de la vigencia de la ordenanza, algunos de sus puntos han quedado obsoletos. Las multas, que van de 200 a 1.500 pesos, resultan insuficientes en la actualidad y no representan un castigo efectivo para quienes incumplen la normativa. Además, el organismo que debía fiscalizar su cumplimiento, la Patrulla Ambiental Urbana (PAU), dejó de existir tras una reestructuración del organigrama municipal. Esto genera un vacío en la aplicación de la norma, dejando en evidencia la necesidad de una actualización y un control más efectivo.