El Gobierno enviará 300 agentes a la Triple Frontera para reforzar controles

En una nueva medida para combatir la infiltración de grupos criminales y el narcotráfico, el gobierno argentino ha decidido desplegar 300 agentes adicionales en la estratégica región de la Triple Frontera, donde convergen los límites de Argentina con Paraguay y Brasil. Esta acción busca fortalecer el control en una zona conocida por su porosidad y la actividad ilegal frecuente.

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El operativo comenzó a tomar forma tras un reciente enfrentamiento en la frontera, que resultó en un suboficial herido por una organización vinculada al tráfico de estupefacientes. El lugar donde se inició este despliegue es la ciudad de Bernardo de Irigoyen, con un plan para extender la iniciativa hacia Puerto de Iguazú. Las fuerzas movilizadas incluirán a efectivos de la Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El gobierno considera la posibilidad de incluir a las Fuerzas Armadas en estas tareas de vigilancia fronteriza, un movimiento habilitado por el decreto 1112/24, el cual amplía las competencias de estas fuerzas para enfrentar amenazas no estatales externas, como el terrorismo y el narcotráfico. Este enfoque marca un cambio significativo en las políticas de seguridad nacionales, que buscan maniobrar frente a los desafíos que presenta el crimen organizado transnacional.

Los robos de armamento en las instalaciones militares han sido un factor decisivo para esta nueva estrategia. En un evento alarmante, el destacamento de la Unidad Regional III en Eldorado sufrió la pérdida de armamentos importantes, lo cual pone de relieve la necesidad de medidas drásticas en seguridad para prevenir futuros incidentes y pérdidas tanto de equipos como de vidas humanas.

Además del incremento del personal en la frontera, el Ejecutivo ha planteado una colaboración más estrecha con las agencias de inteligencia y seguridad de los países vecinos. Este esfuerzo conjunto se extenderá también a la frontera con Bolivia, reflejándose en un proyecto para levantar una valla de 200 metros en Aguas Blancas, Salta.

En el ámbito de la política migratoria, la Casa Rosada está evaluando una reforma que restrinja la entrega de residencias para extranjeros, un esfuerzo dirigido a dificultar la entrada de delincuentes y mitigar el problema de la inmigración irregular. Estos cambios apuntan a crear un marco regulatorio más robusto, que prevenga la instalación de inmigrantes ilegales y refuerce la seguridad integral del país.