El Gobierno va por la privatización de cuatro centrales eléctricas

El Gobierno de Argentina ha puesto en marcha un ambicioso plan de privatización que involucra a cuatro importantes centrales hidroeléctricas: Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A, Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica S.A, y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. Este proceso se basa en la ley Bases y ha llamado la atención tanto a nivel local como internacional.

Lee también: Quita de subsidios: por decisión nacional, 20 mil usuarios pagarán más cara la luz

Durante un periodo de 180 días, estas empresas verán una transformación significativa coordinada por la Secretaría de Energía, la cual depende del Ministerio de Economía, para facilitar la transición al sector privado. El proceso quedó oficialmente instaurado con el Decreto 895/2024, un documento clave que se publicó en el Boletín Oficial. Este lleva las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el Ministro de Economía Luis Caputo, reflejando así el fuerte respaldo gubernamental.

Además, la autorización a la Secretaría de Energía contempla una serie de facultades para coordinar esta transición. Particularmente, se ha dado un papel protagónico a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encargada de gestionar aspectos críticos que incluyen la transferencia de bienes, el personal y contratos fundamentales para el normal desarrollo de las operaciones de los complejos hidroeléctricos. La importancia de asegurar que estas transferencias ocurran sin contratiempos es vital para mantener la generación de energía eléctrica estable y eficiente.

Actualmente, los paquetes accionarios de las mencionadas centrales se encuentran bajo la propiedad de ENARSA y NASA, con una participación del 98% y 2% respectivamente, una estructura presentada como 'transitoria' hasta que se complete el proceso de transferencia al sector privado. Este movimiento estratégico busca contar con inversores que eleven las capacidades y eficiencia de estas instalaciones, alineándose con la visión gubernamental de mejorar la infraestructura del país.

La Secretaría de Energía, en adelante, definirá las características del concurso público, asegurando transparencia y competitividad en el proceso. Ésta será responsable de elaborar y rubricar los documentos necesarios para materializar la transferencia de acciones.