Imponen multa al dueño de una combi no habilitada para el transporte de “golondrinas”

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 13 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Julián Fernández Eguía, confirmó días atrás una multa sancionada por la Secretaría de Transporte de la Provincia de Río Negro que había labrado actas en ese sentido contra el propietario de una Renault Traffic en la que se encontraron diversas irregularidades.

Esta penalización monetaria es la primera llega a esta instancia luego de diversos procedimientos que lleva a cabo el ente de control. Lee también: https://www.noticiasnet.com.ar/noticias/2024/08/11/160866-secuestran-transportes-truchos-en-el-que-llevaban-golondrinas

El vehículo fue parado en un control concretado en la ruta nacional N° 250, a las 23.08 del 21 de marzo pasado, oportunidad en que el dueño con domicilio en General Conesa tuvo una infracción  por “falta de habilitación provincial” para circular, sin poseer Revisión Técnica Obligatoria (RTO), seguro para personas transportadas y licencia con categoría correspondiente para conducir el vehículo.

Cuando se produjo el procedimiento por parte de inspectores del organismo de transporte, el chofer tenía a nueve trabajadores “golondrinas” como pasajeros, presumiblemente contratados para tareas rurales vinculadas al cultivo de la cebolla. De esa cantidad, seis decidieron retirarse del lugar caminando y los tres restantes se quedaron junto a la unidad, según pudo saber NoticiasNet de fuentes dignas de crédito.

El 21 de mayo pasado, el propietario hizo el descargo pero fue rechazado, tras lo cual el secretario Juan Ignacio Ciancaglini, aplicó una sanción pecuniaria de 1,2 millones de pesos. Emplazando al dueño a pagar en 10 días hábiles, de acuerdo a la Resolución N° 7 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Sin embargo, el caso terminó en el despacho de Fernández Eguía ante la falta de pago. En este marco, el magistrado decidió llevar adelante la ejecución contra el transportista condenándolo no sólo a pagar la mencionada suma sino también más de 46.000 pesos por gastos y más de 320.000 en concepto de costas por parte de abogados de la Fiscalía de Estado que intervinieron en el trámite.

El fallo del lunes pasado otorga siete días para abonar el monto más intereses y costas, a la que vez que decretó la inhibición general de bienes de la parte ejecutada y en consecuencia librar los oficios pertinentes a los Registros de la Propiedad Inmueble, de Créditos Prendarios y del Automotor, con mención de las personas facultadas para la suscripción de minutas y diligenciamiento.