Reforma jubilatoria: la fórmula del Congreso sería "más sólida" que el DNU del Gobierno

En un nuevo capítulo de la controversia sobre las políticas de seguridad social, distintos actores señalan que la fórmula elaborada por el Congreso para el ajuste de las jubilaciones es más robusta y equitativa en comparación con el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) emitido por el Gobierno.

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Desde un ángulo jurídico, se argumenta que el proyecto de ley propuesto por la oposición ofrece una mayor protección contra potenciales litigios contra el Estado. Económicamente, la normativa busca estabilizar la licuación de haberes que se evidenció entre los años 2017 y 2023.

Diversos estudios, incluyendo uno de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), disputan la aseveración del Ejecutivo sobre el impacto negativo de la ley en el superávit fiscal del año. Cabe destacar que, estos estudios también provienen de instituciones económicas con una visión alineada con la administración del Ministerio de Economía.

Un trabajo reciente a cargo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) y otro del Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), sugieren que la legislación vigente podría mejorar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Ambos reportes coinciden en que consolidar la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones desde 2017 es una medida que podría tener impactos favorables sobre la economía nacional.

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En relación con el DNU 274/24, que establece ajustes mensuales en función de la inflación, el informe de IDESA resalta que esta normativa consolidó una caída del 35% en términos reales del poder de compra de las jubilaciones entre 2017 y 2023. Además, subraya que la normativa actual fue inadecuada para ajustar cabalmente los haberes a los índices inflacionarios del mes de enero de 2024.

El estudio también recalca que la ley de movilidad previsional impone ajustes adicionales necesarios y establece una relación más directa con la Canasta Básica Total (CBT), lo cual garantiza una mayor adecuación de las jubilaciones a la realidad económica del país. En cuanto al impacto fiscal, se estima un incremento del gasto equivalente al 0,32% del PBI debido al aumento del 7,2% en las jubilaciones y un 0,08% adicional debido a la CBT.

En paralelo, se argumenta que los bonos discrecionales otorgados por el gobierno representan un gasto considerable, el cual podría ser redistribuido para equilibrar la aplicación de la ley sin provocar un desbalance significativo en las finanzas públicas. IDESA y el IERAL coinciden en que rediseñar estos bonos es una vía viable para implementar la legislación sin afectar dramáticamente el presupuesto del Estado.

La OPC también advierte sobre los costos adicionales que implicaría la nueva ley, destacando que representan entre el 0,44% y el 0,74% del PBI a corto plazo, pudiendo incrementarse a partir de 2025.