Un conflicto se desató por un desalojo ante la usurpación de una vivienda oficial

Una confusa y sorprendente situación sacudieron hoy la modorra entre los vecinos de San Javier. Fue a raíz del desalojo de una familia que había ocupado por la fuerza una unidad habitacional del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV). Al parecer,  estaba vacía desde hace un año, y según las autoridades de la Comisión de Fomento estaba asignada para alojar personal de Salud.

La expulsión, llevada a cabo por la Policía de Río Negro, dio lugar a la polémica debido a los reclamos de la familia respecto de la supuesta violencia empleada en el procedimiento, pues una versión indica que la joven madre y sus dos hijos, fueron sacados de la vivienda en medio de un clima tenso.

A su vez,  se denunció maltrato por parte de las fuerzas del orden, y según allegados a la familia sacada de la vivienda, los efectivos no tenían una autorización judicial para actuar. Además, revelaron a NoticiasNet que lastimaron a la gente que se encontraba en el lugar.

Ante esta acusación, la comisionada de fomento de San Javier, Gladys Almuna, salió al paso para defender el accionar de las autoridades, argumentando que la vivienda estaba asignada previamente a un médico de la localidad.

En su interpretación, el procedimiento se realizó en el marco de la ley y con el objetivo de restituir la propiedad a su legítimo dueño, porque en la actualidad “el médico que viene de guardia tiene que dormir en el centro cultural” en tanto que aclaró que la vivienda hay que acondicionarla, indicó a este medio.

Insistió en que fue a la comisaría a hacer la denuncia, “ellos (por los ocupantes) hablaron con la policía y decidieron retirarse porque no tiene los servicios esenciales, no hubo agresión ni lesionados, tengo entendido que la policía habló con una fiscal, y además no poder sentar un precedente de poder usurpar, porque no es bueno”.