El Gobierno anunció que auditará los pagos de las indemnizaciones que perciben las víctimas del terrorismo de Estado. La decisión fue anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La cartera de Justicia comunicó que avanzará con una "auditoría integral" de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para quienes fueron víctimas de la dictadura cívico-militar. De acuerdo a la versión oficial, el Ministerio "determinó llevar a cabo dicha auditoria debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago".

La cartera que conduce Cúneo Libarona informó que surge a raíz de la causa "Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita". En ella se procesó a un conjunto de individuos por estafa al Estado.

Además del fallo mencionado, también señalaron que existen "otras causas penales en trámite" por irregularidades vinculadas a pagos duplicados o realizados a personas que no contaban con documentación respaldatoria de su reclamo.

Asimismo, anunciaron que articularán medidas "para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan". En ese sentido, adelantaron que reclamarán el reintegro de las sumas pagadas de manera fraudulenta.

Las compensaciones económicas y pensiones que otorga el Estado a las víctimas de la última dictadura militar se amparan en seis leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013. Se aplican cuando un denunciante inicia un juicio contra el Estado y prueba el daño en una causa judicial. Sin embargo, el Gobierno sostiene que muchos de los fallos pueden haber sido obtenidos a través de documentación falsa.