El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a Liliana Padilla Ibáñez por considerar que fue quien conducía el vehículo que causó el siniestro vial en el que fallecieron tres personas. La mujer permanecerá en prisión preventiva por el término de cuatro meses.

El hecho se produjo el 17 de marzo pasado, momentos antes de las 22.30 horas a la altura del kilómetro 2,320 de la Ruta Nacional 250.

Según la Fiscalía, habría sido ella quien, conduciendo su camioneta en dirección Viedma – Conesa, “al inicio de una curva invadió el carril contrario, inobservando la señalización horizontal (doble línea amarilla) que prohibía tal maniobra produciéndose un despiste sobre la banquina izquierda (contraria al sentido de circulación). Luego de ello, al querer retomar nuevamente su carril, la camioneta colisionó en el lateral derecho al vehículo Renault Duster, que circulaba en sentido contrario y que había realizado una maniobra de esquive”.

Todo “sin el debido cuidado y prevención, y sin conservar el dominio efectivo del vehículo tal cual lo determina el Art. 39 (inc. b) de la Ley N° 24.449 Nacional de Tránsito”.

Momentos después de la colisión – agregó la Fiscalía- la mujer se fugó del lugar sin intentar socorrer a las víctimas. Producto del hecho perdieron la vida la madre del conductor del vehículo contrario, a causa de politraumatismo, y dos de sus hijos, producto de traumatismos craneoencefálicos.

La calificación legal del hecho es la de homicidio culposo respecto de tres víctimas y lesiones leves culposas en perjuicio del conductor; todo ello agravado por haber sido en la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor, por haberse dado a la fuga y no haber intentado socorrer a las víctimas, por no respetar las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular y por el número de víctimas fatales.

En la extensa lista de elementos que componen el sustento probatorio la acusación mencionó que cuenta con la declaración del conductor del vehículo Duster y de las cuatro primeras personas que lo auxiliaron a medida que fueron llegando al lugar. Todos los testimonios son coincidentes y mencionan que incluso buscaban el cuerpo de quien conducía la camioneta.

Se tomó declaración además a las personas que interactuaron con la imputada entre ellas el hombre que fue a buscarla al lugar respondiendo a un llamado de ella, a quien encuentra a 200 metros del lugar del hecho. También a la persona que le alquilaba la vivienda donde reside, en General Conesa y un agente policial a quien la mujer llama pasadas las dos de la madrugada. Este último aportó capturas de pantalla de conversaciones de Whatsapp en donde transmite a sus superiores la versión de la mujer y su temor de que se de a la fuga.

Se cuenta con los resultados del procedimiento policial, los informes de la aplicación Seguridad Activa respecto de los controles que han tenido ambos vehículos siniestrados, cartas de llamadas y audios de comunicaciones, modulaciones y grabaciones de cámaras de seguridad del Comando de Emergencias 911 (el registro de video de los accesos a ambas localidades y de la zona urbana). Finalmente también se obtuvo el registro de comunicaciones del teléfono celular de la imputada del que surge que realizó 35 llamadas a distintos abonados entre las 22.30 horas del 17 y las 3.32 horas del 18 de marzo.

Asimismo se recabó testimoniales de más de una decena de agentes policiales y del Cuerpo de seguridad vial que intervinieron en el hecho; fotografías del lugar y de los vehículos involucrados. Se realizaron planimetrías, se tomaron muestras de sangre de ambos conductores y se agregó el informe preliminar de la mecánica del hecho. Se suma a todo esto las constancias médicas tanto de víctimas como de imputada e informes de autopsias.

Restan en estos meses concluir con los estudios de alcoholemia y toxicológicos que ya están en curso en un laboratorio de la vecina provincia de Chubut, la extracción forense del teléfono celular y la reconstrucción virtual iniciada.

La querella adhirió a este pedido mientras que los abogados de la imputada se opusieron a la formulación. La Jueza de Garantías en tanto, tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.

Seguidamente, y por más de una hora, las partes que conforman la acusación expusieron sus argumentos para sostener la necesidad de la prisión preventiva por el mismo tiempo de la investigación aludiendo a la presencia de los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. La defensa en tanto se opuso a la misma y pidió la libertad de su asistida. La Magistrada determinó en este sentido aplicar la medida cautelar más gravosa por el término de 4 meses.