El Concejo Deliberante de Viedma declaró "Ciudadana Ilustre" (post mortem) a Julieta Vinaya,  madre del joven asesinado Atahualpa Martínez Vinaya. "No solo ayuda a hacer visible a una gran mujer sino que además puso un grito de rebeldía en las calles", señaló su hermano Ricardo al agradecer ante el parlamento local la distinción. 

"A Julieta la movilizó el amor y por eso no claudicó nunca", agregó. Su hijo fue asesinado el 15 de junio de 2008, cuando tenía apenas 18 años. Desde aquel día y hasta hoy siempre hubo un manto de impunidad y de dolor, tanto así que Vinaya enfermó gravemente y falleció en octubre de 2018 sin saber quién mató a Atahualpa.

Impunidad de por vida

El crimen de Atahualpa Martínez Vinaya fue cerrado definitivamente por la Corte Suprema de la Nación sin haberse encontrado culpables. En octubre de 2020, el fiscal Fabricio Brogna elevó un reclamo, pero fue el último intento frustrado para que se haga justicia. De esta manera, el caso quedó archivado en todos los órganos judiciales y la impunidad de este asesinato será de por vida.

El argumento para tamaña decisión fue la falta de nuevas pruebas para mantener la investigación abierta. La causa tuvo detenidos, enjuiciados, y funcionarios públicos observados. Hubo dos procesos judiciales: el primero en 2014 con tres acusados que habían sido detenidos dos años antes. Los tres fueron absueltos y vueltos a juzgar en 2019, cuando otra vez obtuvieron una sentencia absolutoria.

Se trata de Felipe Carrasco, quien fue acusado por encontrarse en su casa una campera con sangre de Atahualpa, campera que era de Carlos Morales Toledo, otro de los imputados. La tercera acusada era Belén Fernández Barrientos, pareja de Toledo. La primera absolución se dio porque lograron comprobar irregularidades en el procedimiento por el cual fue secuestrada la campera. Ya en el segundo proceso judicial, fue imposible cotejar que las manchas hemáticas eran de Atahualpa.

Entonces, las acusaciones, aunque no penales, recayeron en los investigadores: la fiscal de instrucción Daniela Zágari y el juez Carlos Reussi. Solo Zágari fue hallada responsable de mala investigación y pagó con 50 días de suspensión.

Pero en el segundo proceso se abrió la última luz de esperanza, que la misma Justicia se encargó de apagar tiempo después: los jueces que dictaron la sentencia absolutoria, validaron varios de los testimonios de los testigos, que mencionaban a Leandro Mildemberger como el responsable. Pidieron entonces al Ministerio Público Fiscal que se encargue de investigarlo. Tiempo después, la causa pasó a archivo, y con esta decisión, la impunidad.