Bullrich busca que "los responsables" paguen los gastos del operativo en el Congreso

Luego de tres días de intensas sesiones en Diputados para tratar la Ley Ómnibus, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó una medida inédita: presentó ante la Justicia los gastos del operativo antipiquete y los daños ocasionados en el Congreso en busca de que "las organizaciones y los responsables se hagan cargo de cubrir los costos".

Tal lo expresado en el sitio informativo de Cipolletti, www.cipo360.com.ar, Bukele le ofreció a Bullrich "lo que necesite" en temas de seguridad.  

Desde su cuenta de la red social X, Bullrich manifestó su intención de cobrar los daños causados y la permanente agresión en el Congreso. "Dijimos que íbamos a cobrar los daños causados y la permanente agresión en el Congreso. Presentamos a la Justicia los gastos del operativo para que, una vez identificados los responsables, se hagan cargo de cubrir los costos", escribió la ministra.

Dijimos que íbamos a cobrar los daños causados y la permanente agresión en el Congreso. Presentamos a la Justicia los gastos del operativo para que, una vez identificadas las organizaciones y los responsables, se hagan cargo de cubrir los costos.

A los $134.486.038,08 les vamos… pic.twitter.com/Z0ro2k0LWP

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 5, 2024

En su publicación, Bullrich compartió una imagen en la que se detalla que el total de gastos operativos de las fuerzas de seguridad fue de $134.486.038,08. La Gendarmería Nacional tiene el mayor costo, siendo de $55.489.310,44. A esto se suman los montos de Prefectura Naval Argentina ($45.981.438,12), la Policía de Seguridad Aeroportuaria ($555.289,52) y la Policía Federal ($32.460.000).

Además, anunció que se agregarán los gastos médicos de los efectivos lesionados. "A los $134.486.038,08 les vamos a sumar los gastos médicos de los efectivos lesionados.¡El que las hace, las paga!", afirmó la ministra en su publicación.

Para llevar adelante esta acción, el Ministerio de Seguridad solicitó a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dicte una medida cautelar contra los responsables de los disturbios y los daños ocasionados en el Congreso.

En el texto presentado ante la Justicia, se solicita que una vez identificados los responsables, se ordene "en forma inmediata el embargo o la inhibición general de bienes de los imputados, a fin de cubrir la totalidad de los gastos ahora informados" de acuerdo a las normas procesales vigentes.

Es importante destacar que la ministra basa su pedido en su propio protocolo antipiquete, el cual aún no ha sido ratificado en la Ley Ómnibus.