Relatores de la ONU instan a revisar Protocolo Antipiquetes en Argentina

Tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han lanzado un llamado al gobierno argentino para que revise el Protocolo Antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En una declaración conjunta, los relatores expresaron su preocupación por las restricciones impuestas al derecho a la libertad de reunión pacífica, señalando que dichas restricciones no cumplen con los estándares internacionales en la materia.

Los relatores, Clement Nyaletsossi Voule (vocero sobre Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de Derechos Humanos), hicieron un llamado al gobierno para que no imponga restricciones indebidas a este derecho fundamental, argumentando que son incompatibles con el sistema democrático y el respeto a los derechos humanos.

En la declaración, los relatores enfatizan que el derecho a la reunión pacífica es fundamental para un sistema de gobierno participativo basado en la democracia y el pluralismo. Además, señalan que la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en una manifestación no es controlarla ni restablecer el orden, sino facilitarla y proteger el ejercicio de los derechos que en ella se manifiestan.

La preocupación de los relatores también se centra en la cuestión de los manifestantes extranjeros, recordando que tienen el derecho de reunirse pacíficamente, en igualdad de condiciones que los ciudadanos nacionales. Incluso citan la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que establece que las reuniones pacíficas pueden causar perturbaciones y que esto no justifica su criminalización a través del uso del derecho penal.

En resumen, los relatores de la ONU plantean que la aplicación del Protocolo Antipiquetes podría estar llevando a una criminalización de la protesta social, lo que va en contra de los estándares internacionales en la materia. Por lo tanto, instan al gobierno argentino a revisar estas disposiciones y garantizar el respeto al derecho a la libertad de reunión pacífica.

Cabe destacar que la posición de los relatores de la ONU genera un importante debate en el país, ya que se esta en presencia de un conflicto entre la visión de las autoridades argentinas y los estándares internacionales en la materia de derechos humanos. Es crucial que el gobierno tome en cuenta estas recomendaciones y busque alternativas que permitan conciliar el mantenimiento del orden público con el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía. La situación actual pone en evidencia la importancia de cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y asegurar que las políticas implementadas sean compatibles con los principios de una sociedad democrática.