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LEY ÓMNIBUS

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10/01/2024

Retiran el artículo que obligaba a pedir permiso para reuniones de 3 o más personas en la vía pública

Retiran el artículo que obligaba a pedir permiso para reuniones de 3 o más personas en la vía pública
Retiran el artículo que obligaba a pedir permiso para reuniones de 3 o más personas en la vía pública

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asistió al trabajo en comisiones de la Cámara de Diputados en el que se discute la Ley Ómnibus. En su exposición, dedicó los primeros minutos a explicar lo que consideró un malentendido y confirmó una marcha atrás en la reglamentación de las protestas sociales.

“Lo primero que voy a hacer es una aclaración: hubo una mala interpretación del artículo 331, que plantea que se debería pedir un permiso para la reunión de 3 personas. Eso está vinculado a la ley de tránsito y no a la general”, señaló.

Además, sostuvo: "Para facilitar la discusión, y como en realidad tres o más, cinco, uno, diez o veinte que corten una autopista o un puente o que impidan la circulación de tránsito da lo mismo, y generó esta confusión, vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque ya está suficientemente explicado en otro".

En ese sentido, la ministra insistió: "Vamos a terminar con la idea de dejar un carril, ir a la mitad de la calzada lo cual implica entorpecer el transporte y la posibilidad de circulación de las personas", y añadió que "cuando las manifestaciones sean grandes las vamos a encauzar en las veredas porque el objetivo es que no se corten nunca más las calles".

A través del artículo 331 del proyecto, el Gobierno definía a la reunión o manifestación como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”. Allí se establecía que estas reuniones debían ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización ante Ministerio de Seguridad, que se guardaría la potestad de autorizar o rechazar la convocatoria.

En cuanto a los organizadores de las protestas, dijo que se plantea una pena de 3 a 6 años de prisión para quienes ejerzan "capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes como la pérdida de un beneficio social". También indicó que "de ninguna manera puede haber una conducción paralela al Estado que decida sobre la vida de la gente".

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