Audiencia por el aumento del gas: fuerte cuestionamiento de Santagati

La Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, expresó su rechazo de manera contundente ante el posible aumento tarifario del 534,6% del gas, mediante la alocución en la audiencia pública virtual convocada por Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

En su exposición, manifestó que a los usuarios actuales y potenciales "se les debe garantizar las condiciones de accesibilidad y asequibilidad. Y para ello las tarifas deber ser justas y razonales". Al respecto, sostuvo "no se tuvo en cuenta la capacidad económica de los usuarios. Existe una disociación entre la pretensión económica de los prestadores y la capacidad de las economías domésticas con la consecuente alteración del principio de razonabilidad consagrado en el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional".

"La normativa internacional dispone que “Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometa el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, el Estado debe adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso", agregó.

Bajo esta misma línea, Santagati señaló que "teniendo presente estas consideraciones, la pretensión de aumentos del 543,6% de la Tarifa de Distribución, de 703,6% para Tasas y Cargos, Costo de flete y/o Transporte de GLP, y del 567% de la Tarifa de Transporte de Gas respecto de los valores actualmente vigentes no demuestra gradualidad alguna, ni correlación con la situación actual de los usuarios".

Santagati también añadió que "no se puede determinar con previsibilidad el impacto final en la tarifa de tales requerimientos de aumentos, hoy estimado sólo para la tarifa de distribución (y en lo que respecta a la Provincia de Río Negro en el orden del 55%), porque al incremento del servicio de distribución hay que sumarle el del transporte y el precio del gas en origen. Este último con una incidencia del 60% en la composición de la factura conforme informa Camuzzi Gas del Sur.

En tanto, aclaró que "las circunstancias actuales de las economías domésticas son críticas y que un enorme porcentaje de hogares no tiene la capacidad de absorber aumentos de 'shock' de tal envergadura por lo que la determinación de aumentos sin una mínima consideración de las posibilidades de pago conducirá a la privación de un servicio que es público y para quienes viven en nuestra región patagónica, considerado esencial".

Santagati dijo que el aumento del servicio "llevaría los usuarios endeudarse para poder afrontar los aumentos desproporcionados de los servicios públicos, o privarlos de los mismos por el incremento desmesurado de sus costos, ampliará el universo de pobres energéticos profundizando las brechas de desigualdad, y esto no sería constitucionalmente admisible".

Reclamo para la Patagonia 

Santagati hizo hincapié a los climas fríos y zonas de baja densidad demográfica que se encuentran en Río Negro y en la Patagonia durante la temporada invernal. "Si se me mide en términos exclusivamente económicos se traduciría en argentinos que quedarían desamparados. De allí la importancia de que las decisiones se tomen desde una perspectiva federal con centro en la persona y su realidad, para crear las condiciones que permitan una vida digna y el desarrollo de nuevas actividades económicas, incluso potenciando las existentes", señaló.

Al respecto, destacó el ejemplo del Gobierno provincial y comentó que ejecutó con fondos propios la emblemática obra del Gasoducto de la Región Sur, para llevar el gas natural a los habitantes de la fría estepa rionegrina a lo largo de 365 Km, una decisión política que resolvió priorizar la calidad de vida de 17.000 habitantes de la región más fría y menos poblada de Río Negro, una zona que tiene 1 habitante por km2, con una visión estratégica y de integración y desarrollo económico. 

Santagati dejó en claro que "dadas sus características, le región patagónica en su conjunto amerita un tratamiento especial respecto a  la aplicación de tarifas diferenciadas que faciliten su habilitad permitiendo el acceso a un servicio público esencial. No solo se debe procurar llegar a los
usuarios que requieren de asistencia, sino también a aquellos que carecen del servicio y que, bajo las actuales condiciones económicas y de mercado, no podrían resultar destinatarios.

En consonancia con todo lo anteriormente expresado, Santagati rechazó cualquier aumento de la tarifa del gas y manifestó que "todo lo expresado impone a la Autoridad Regulatoria el deber de observar el estricto cumplimiento de las pautas de gradualidad y razonabilidad, que otorgue previsibilidad y
la consecuente posibilidad a los usuarios de reacomodar su situación económica y consumo frente a la nueva realidad".

"Solicitamos entonces a las autoridades del ENARGAS actuar con responsabilidad partiendo de un claro conocimiento de los destinatarios de los servicios y previendo el impacto de sus resoluciones desde una perspectiva federal y de respeto por los derechos humanos", finalizó.