Sectores vulnerables: los déficits de las políticas sociales

Están saliendo a la luz algunas fallas del Estado rionegrino en atender problemas sociales y económicos que demanda una población considerada indefensa, y que deben canalizarse a través de políticas públicas ya instauradas desde hace varios años.

La Ley Nº 5.071 de 2015 crea un marco normativo para garantizar a los adultos mayores el efectivo ejercicio y disfrute pleno de sus derechos humanos, brindar atención integral en forma directa a través de sus organismos locales o regionales, o en forma de responsabilidad delegada a asociaciones y/o redes de apoyo comunitarias e instituciones de residencia transitoria, a los adultos mayores que carecen de grupo familiar primario o no disponen de los recursos mínimos necesarios para la satisfacción de sus necesidades básicas como acceso a servicios de salud gratuitos, entre otros aspectos.

Dentro del menú se encuentra la promoción de las personas con discapacidad impulsadas por las leyes 2.055/85 y modificada por la Ley 5.325/18 para la inserción en los mercados de trabajo, y la Ley nacional que tiene por objeto promover el voluntariado social, instrumento de la participación solidaria de los ciudadanos en el seno de la comunidad, en actividades sin fines de lucro y, regular las relaciones entre los voluntarios sociales y las organizaciones donde desarrollan sus actividades. En el caso provincial se trata de la Ley 3.962/2005.

De acuerdo a lo que pudo saber NoticiasNet, estas leyes en vigencia no están reglamentadas como para ser más abarcativas, y están siendo aplicadas mediante la imposición de protocolos propios de cada área. El cuello de botella radica en que esos procedimientos de protocolo no están cubriendo a todos aquellos que golpean las puertas de un despacho oficial.