Mandaron a la cárcel a los primeros instigadores a saqueos en la zona atlántica: todos tienen antecedentes

"Me agregaron de la nada", fue uno de los argumentos pocos convincentes de Isaguirre, mientras que los otros dos imputados se mostraron arrepentidos por lo ocurrido.

Esta mañana les formularon cargos a tres instigadores de saqueos en un supermercado chino que está en el acceso a San Antonio Oeste.

Los sujetos Rodrigo Alejandro Barrera (de 23 años y changarín), Gerardo Isaguirre (jornalero de 29 años) y Emiliano Pinchulef (de 27 años y quien empalma caños de agua), fueron juzgados por la creación de un grupo de WhatsApp que tenía como fin la organización de saqueos.

El defensor Carlos Dvorzak los defendió y usó la excusa de que todo habría comenzado sin la idea de concretar este delito realmente y que borraron el grupo rápidamente.

Pero el fiscal César Arbués dijo que hay aportes sustentables por parte de Brigada de Investigaciones, que los celulares serán peritados con rigor por la Oficina de Investigaciones en Telecomunicaciones y que todos tienen antecedentes policiales.

Barrera tiene una comisión de hurtos en un legajo de la Fiscalía sanantoniense, Isaguirre tuvo una condena de prisión efectiva de tres años ya cumplida, y Pinchulef está bajo una sujeción de proceso a prueba por lesiones agravadas en contexto de violencia de género.

Amplió que no está acreditado que el grupo se haya eliminado y que no haya riesgos de volver a activarlo y que la acción de los tres imputados "atenta contra la paz social en un contexto de crisis económica del país".

Además, mencionó que es necesario un castigo ejemplar para los instigadores, para dejarle un mensaje claro a la sociedad de que estos delitos son sancionados con firmeza.

En concreto, se acusa a Barrera de haber sido quien hizo el grupo y los otros dos imputados ingresaron y coordinaron acciones para que otros individuos se sumen al posible saqueo.

La plataforma sumó 162 adeptos en cuestión de minutos, por lo que a todas luces fue una instigación a cometer un delito.

El juez de Garantías Favio Corvalán dispuso una investigación de cuatro meses, y prisión preventiva de los tres imputados por el plazo de 10 días en el Complejo Penal 1 de Viedma.