La presidenta del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Isabel Tipping, dialogó con Noticiasnet sobre la audiencia pública que se realizó en torno al incremento de la tarifa para el suministro eléctrico.

“Se realizó la audiencia porque la empresa EdERSA está solicitando la actualización de las tarifas en la parte que corresponde a costos no salariales. Los costos laborales porque hay una ley que dice que eso se vaya actualizando a medida que se van firmando las paritarias”, expresó.

“La última actualización que se hizo fue el 30 de abril del 22 y vencía en octubre del 22. Lo que está pidiendo la distribuidora es que se realice una actualización desde el 1 de mayo de 2023 al 1 de marzo de 2024 con motivos de la inflación en el país”, agregó. 

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La posición de EdERSA

Luego, el subgerente General, Jorge Agnelli, junto al gerente de Planificación, José Cainelli, intervinieron en representación de la EdERSA y dieron los detalles técnicos de la obra analizada. Además, aludieron a las consecuencias para la empresa del proceso inflacionario acumulado desde que entró en vigencia la nueva tarifa el año pasado hasta marzo del corriente año.

Fue Agnelli, tras describir cómo se compone la tarifa y cuál es el rol de la empresa a rasgos generales, el encargado de mostrar las variaciones en los costos de una serie de insumos relevantes para la adecuada prestación del servicio. Puso como ejemplo dos facturas por la compra de un transformador de distribución en mayo del año pasado a 5.641 dólares y otro en marzo de este año, a 11.168 dólares oficiales. El incremento del precio en dólares adujo que es de 98% y de un 274% si se hace la conversión a pesos.

“La inflación nos ha menguado en forma relevante el poder de compra y contratación de los ítems anteriormente descriptos, necesarios para el desarrollo de los distintos trabajos de Operación, Mantenimiento y Obras. Como no podemos dejar de ejecutar estas acciones, solicitamos una actualización del VAD-NS, basada en la variación del Índice de Precios Internos Mayoristas a Nivel General, elaborado por el INDEC”, requirió.

El representante de EdERSA señaló que el efecto de la actualización solicitada sería del 12,4%, según las proyecciones que mostró, lo cual a nivel promedio y para una familia tipo, “importa un incremento mensual de $745, sin impuestos”. Aunque no expuso qué tipo de consumo es el aludido en el ejemplo, también pidió considerar al momento del análisis, el aumento de los costos de abril de este año, que no habían sido incluidos en la presentación original.

El resto de las intervenciones

Luego llegó el turno de las personas que se anotaron como oradoras. En general, se trató de representantes sectoriales que rechazaron el aumento pretendido y hubo una sola empresa que intervino en el cierre, en defensa de sus intereses como usuaria del servicio público de electricidad.

En primer término, lo hizo la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca, Miguel Grasso, quien fue crítico y rechazó un ajuste por inflación ya que “no existe actividad económica que goce de semejante beneficio porque es imposible trasladar el aumento de costos linealmente a precios”. De igual modo, manifestó su oposición a adelantar fondos para obras de infraestructura porque, según dijo, lo prohíbe la ley 2902. Debería financiarse por otras vías, deslizó, como recursos propios u otros que puede gestionar la Provincia como el FEDEI (Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior).

Carlos Zanardi, del Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro, inició su participación señalando que se están discutiendo temas que no considera sean de interés de los usuarios. “Todos los usuarios no pueden hacerse cargo de las obras de infraestructura del sistema eléctrico en los lugares más alejados, ya que no tienen nada que ver con el uso. Para eso están los fondos públicos de la Provincia y de la Nación, y así debe hacerse”, entendió.

Otros oradores que se expresaron en términos similares fueron Walter Fiore, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina; Miguel Sabbadini, de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados; Antonio D'Angelo, Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén: Sebastián Hernández, de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén; Marcela García, de la Asociacion Civil de Productores Alto Valle; y Silvano Pacher, de Química del Valle SRL.

El objetivo del organismo regulador durante la Audiencia Pública siempre es el de escuchar a las personas interesadas y reunir los suficientes elementos de juicio que permitan arribar a una resolución, la cual se tomará en los próximos meses considerando todos los aportes presentados durante este útil mecanismo de participación popular.