Una investigación conjunta entre la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) permitió desarticular un entramado de firmas falsas dedicada a la simulación de arrendamiento de tierras en la zona de General Conesa en los que supuestamente se producían cebollas, que luego eran exportadas a Brasil a través de Puerto Iguazú.

Las áreas especializadas de la AFIP comprobaron que la organización carecía de capacidad económica para producir la mercadería o adquirir legalmente en los volúmenes en los que era comercializada al exterior, que en rigor habrían sido compradas a productores no registrados. En ese sentido, los agentes del organismo constataron que la principal contribuyente involucrada emitió comprobantes fraudulentos por miles de toneladas de cebolla y a valores irrisorios equivalentes al 20 por ciento de su precio real, en un intento de justificar sus operaciones.

Entre las severas irregularidades detectadas por la DGI, se encuentran la falta de declaración de personal alguno a la actividad, el cual era supuestamente tercerizado, pero las facturas por la provisión de esos servicios fueron emitidas desde el mismo punto en que se facturaron las exportaciones. Además, los supuestos contratos de arrendamiento carecían de fecha cierta y eran celebrados con sociedades inexistentes y firmados por apoderados aparentes.

Ante estos numerosos indicios de maniobras fraudulentas, la AFIP dio aviso al juzgado federal de Viedma, que ordenó allanamientos en cinco domicilios en General Conesa y dos en Puerto Iguazú desde donde se mandaba la mercadería a Brasil. En los procedimientos participaron Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, y se secuestró documentación, equipo informático y dinero en efectivo que el organismo será analizado por el poder judicial y por el organismo para determinar los montos de evasión impositiva; según indicaron distintos medios de la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, en Río Colorado, la DGI llevó adelante dos operativos en plantas de empaque en los que incautaron 103 toneladas de cebollas acopiada en galpones por no contar con la documentación que avalara su procedencia. La mercadería provenía presuntamente de operadores ilegítimos y pretendía ser comercializada de manera irregular, con un valor de mercado de más de tres millones de pesos.