En marzo de 2022, la madre de una adolescente de 14 años se presentó en la Justicia para pedir la actualización de la cuota alimentaria que le estaba pagando el padre de la nena. La misma había sido fijada en un monto en 2018 y nunca más se había actualizado. Vale aclarar que esto había sido un arreglo entre ellos cuando se separaron, de manera particular.

Asesorada por la defensa oficial, se empezó a trabajar en el tema. Participaron todas las partes, incluso la menor, asesorada por una Defensora de Menores, pero no así el padre. Luego del extenso proceso, el Poder Judicial fijó una cuota cuyo monto es superior a lo que había solicitado la mujer.

Cuando intervino en el caso, la funcionaria requirió una cuota alimentaria mayor a lo que la propia madre había solicitado. La Jueza de Familia hizo lugar a este pedido y le sumó, además, otro componente en favor de una adolescente que vive en un hogar sostenido únicamente por su madre.

“Solicito que haga lugar a la demanda interpuesta, aumentando conforme lo solicitado el monto a abonar por parte del demandado incluso por encima de los montos y porcentajes peticionados por la actora (que reitero son insuficientes), debiendo adoptar medidas razonables a fin de dar efectividad a la sentencia dictada. Solicito además que se disponga expresamente al momento de resolver, en lenguaje sencillo, que el demandado deberá dar cumplimiento al pago de la prestación alimentaria, bajo apercibimiento de aplicar sanciones específicas y adoptarse medidas razonables en su contra a fin de asegurar el cumplimento de dicha obligación”, expresó la defensora.

Asimismo avanza en sus fundamentos para requerir no sólo que se haga lugar a la petición de la madre, en toda su extensión, evaluando la posibilidad de elevar por encima de lo peticionado tanto los montos mínimos a abonarse, como los porcentajes de actualización semestral peticionados, atento a los índices inflacionarios de público conocimiento, como recaudo ineludible para resguardar el interés superior de la niña.

“Resulta fundamental la existencia de un adecuado y suficiente aporte por parte del progenitor de la niña para su manutención y para asegurar el pleno goce de sus derechos, teniendo en consideración los procesos inflacionarios económicos actuales, la edad actual de la misma, la situación socio económica del grupo familiar conviviente y el nulo aporte del progenitor en su cuidado”, sostiene la resolución en otro de los párrafos.

La sentencia judicial que cierra esta nueva instancia del expediente hace lugar al pedido de la Defensora de Menores y agrega: “Cada gasto extra que la niña genere deberá ser solventado en partes iguales por ambos progenitores previo aviso al padre”. Además, le impone el cumplimiento del pago de las cuotas adeudadas.

Intervención de la Oficina de Servicio Social

En este caso, y como lo hace habitualmente en innumerables procesos, la Defensa Pública requirió la intervención de la Oficina de Servicio Social, un organismo dependiente de este Ministerio Público conformado por trabajadoras sociales. Esta área profesional, a pedido de los y las defensoras, realiza una evaluación socio ambiental de los protagonistas de una causa del fuero civil y de familia.