El 11 de agosto vencerán los 30 años de concesión de tres de las principales centrales hidroeléctricas de la región: Alicura, que opera AES; El Chocón y Arroyito, en manos de la multinacional italiana Enel (que ya anunció que se val del país), y el complejo Cerros Colorados (a cargo de Orazul). En noviembre, vencerá el contrato de Piedra del Águila, que regentea el grupo Central Puerto.

Pero el gobierno nacional debe comunicar con seis meses de anticipación su decisión a los concesionarios y a los gobiernos provinciales. Ese plazo es el 11 de febrero, dentro de apenas 48 días. Teniendo en cuenta la natural ralentización que se produce en toda la administración durante la semana previa a la fiesta de fin de año y después por el inicio de las vacaciones, el tiempo más que apremia.

Los gobiernos de Río Negro y Neuquén enviaron una señal clara y concreta: quieren que las represas se integren en una empresa mixta en la que puedan tener voz y voto en las decisiones. La Nación, en su carácter de constructora de las obras; las provincias, como propietarias de los ríos (en los términos de la Constitución reformada en 1994). Los representantes de la provincia de Buenos Aires y la Nación en el directorio de la Autoridad de Cuencas, se pronunciaron de la misma manera.

El senador neuquino Oscar Parrilli, hombre destacado del Instituto Patria, presentó un proyecto para que las represas pasen a la órbita de Enarsa, la empresa estatal que se constituyó en una continuidad jurídica de Agua y Energía e Hidronor, reteniendo el 51 % de las acciones y convocando a la participación de las provincias ribereñas y a las empresas privadas que puedan interesarse.

Para el Estado Nacional sería la oportunidad de volver a tener protagonismo en la actividad hidroenergética. Y para las provincias, la posibilidad de tomar parte en las decisiones sobre sus territorios. Asociada a este proyecto, hay otra propuesta que interesa: la posibilidad de percibir las regalías “en especie” para disponer de una herramienta de promoción económica.

Pero el gobierno nacional, en particular la secretaría de Energía, parece estar en otra sintonía. El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, le habría anticipado a Elías Sapag (representante neuquino en la AIC), que la decisión pasará por otro lado. ¿La extensión de la concesión, sin más consulta a las provincias? Queda tan poco tiempo que las sospechas se multiplican.