A primera hora de hoy se llevaron a cabo en Cipolleti, General Roca y Bariloche allanamientos simultáneos para colectar evidencia de utilidad para la investigación que se lleva adelante por la presunta tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

Estos allanamiento son producto de una investigación que inició el Ministerio Público Fiscal de CABA a través del uso de la plataforma Icaccops, que lo distribuyó a los Ministerios Públicos del país que presentaban alarmas. El envío consta de números de IP (no nombres propios) que son identificados y a partir de los cuales se realizan estas medidas en el marco de la investigación preliminar. 

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Todos los dispositivos secuestrados en las mismas serán peritados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General y el área de Informática Forense del Poder Judicial. A partir de lo que surja de dichas pericias se avanzará hacia otras instancias, en el marco de esta investigación preliminar.

El procedimiento 
La operación comenzó a partir del convenio suscripto entre el MPF y el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, de Estados Unidos, mediante el cual se habilitó el acceso al sistema de investigación Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes víctimas de este flagelo.

Los casos se iniciaron a partir del análisis por parte del CIJ de los datos obrantes de la plataforma ICACCOPS, que informó a la UFEDyCI sobre los usuarios de Argentina que habrían distribuido el material ilícito. El sistema, que permite ver en directo las actividades del tráfico de este material, se utilizó con el fin específico de identificar las direcciones IP asociadas al presunto material de abuso sexual infantil en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una vez detectados los usuarios que habrían puesto a disposición de la red grandes cantidades de archivos de explotación sexual infantil, y con las direcciones IPs geolocalizadas, se solicitó a las empresas proveedoras de servicios de internet y de telefonía la información relacionada con los datos de los usuarios denunciados. Posteriormente, en estos domicilios geolocalizados se realizaron trabajos de constatación de los titulares de las conexiones, tarea realizada por la División Delitos contra la Infancia, Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.