La titular del Juzgado Civil, Comercial, Minería y de Sucesiones Nº 1 de esta capital, Gabriela Tamarit, hizo lugar a una demanda de daños y perjuicios contra un banco en el marco de una estafa de la banca electrónica.

Declaró la nulidad de un contrato de préstamo que le habían generado a la pareja. Ahora la entidad crediticia tendrá que indemnizarla con un total de 1.091.970 con más de 563 dólares (integrada por 28.847,64 pesos) y 1.563.69 dólares en concepto de daño emergente, 463.123.26 (231.561.63 para cada uno de los actores) por daño moral, y 600.000 por Daño Punitivo).  Se deben agregar las sumas en concepto de devolución de las cuotas que se hubieren debitado en concepto del préstamo anulado con sus intereses.

La demanda fue presentada el 22 de marzo del año pasado por intermedio de las abogadas Cecilia Crisol y Andrea Morón, en el marco de la Ley Nº 24.240 de Defensor del Consumidor, tras el infierno que atravesaron desde el 11 de noviembre de 2020 en pleno encierro por la pandemia del coronavirus.

Ese día, la mujer recibió un llamado telefónico cuyo interlocutor manifestó ser un agente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quien le indicó que el motivo de su llamado era para informarle que el Estado Nacional había lanzado un programa de ayuda económica para empleados estatales que percibían un determinado haber, confirmándole datos personales a efectos de “validar” su identidad. Incluso, el sujeto sabía de sus antecedentes académicos y hasta de una dirección donde vivió en Buenos Aires hace 25 años atrás.

Sin saber en el lío que la metería la hicieron acercarse a un cajero automático para generar una clave, habilitar un cobro, y a los pocos días llegó un correo electrónico de una sucursal bancaria comunicándole que le habían otorgado un préstamo por 674.000 pesos, una venta de dólares y extracciones por casi un millón de pesos.

Tras la denuncia policial, se presentaron al banco que no les dio muchas chances de recuperar  el dinero, y fue en ese lapso en que el hombre de la familia comenzó a sufrir graves problemas de salud por ese motivo.

Posteriormente, el banco ofreció un acuerdo de restitución de parte del dinero que habían logrado recuperar y que desde la institución “seguirían atentamente el caso para que los delincuentes sean atrapados”.

Antes de firmar, buscaron asesoramiento y fue en ese momento que el enojo y decepción hacia la entidad se acrecentó aún más ya que los términos allí consignados constituían una práctica desleal, abusiva y violatoria de los derechos de los consumidores. También fracasó una instancia de mediación, hasta que decidieron hacer la presentación ante el mencionado tribunal.

Tamarit, al analizar el caso, en un extenso escrito dio la razón a los damnificados señalando, entre otras cosas, que  “son las entidades bancarias quienes se encuentran en una posición ventajosa frente al usuario en tanto ostentan la información y todas las aptitudes técnicas
para ofrecer seguridad y en su caso, brindar la prueba que otorgue al Juez un cabal conocimiento de lo ocurrido” y que “el proveedor tiene una obligación legal: colaborar en el esclarecimiento de la situación litigiosa. En consecuencia, todo silencio, reticencia o actitud omisiva, se constituirá en una pauta que afectará dicha obligación legal con la consecuente presunción de certeza sobre la versión que sustenta la pretensión del consumidor”.