El bloque de concejales del Frente de Todos Patagones, junto con el interbloque Frente Renovador, se expresó en relación a la supresión de nombre de la escuela municipal de canotaje de Carmen de Patagones y también al sobreseimiento del ex funcionario municipal Nestor Pinta.

En tal sentido, desde el bloque señalaron que “hace más de dos años se conocieron las denuncias de abusos sexuales cometidos a adolescentes  en el marco de las actividades cotidianas de la Escuela Municipal de Canotaje de Patagones. El denunciado de cometer los abusos, Aldo Pinta, se quitó la vida apenas se hizo público lo ocurrido”. 

En este marco, añadieron que el lunes “se conoció el dictamen de sobreseimiento de su hijo, Néstor Pinta (a cargo de la Escuela de Canotaje al momento de los hechos).  Siempre sostuvimos que no es función del Concejo Deliberante de Patagones juzgar su responsabilidad penal ante esta situación”.

No obstante, consideraron que “sí que es imprescindible trabajar sin demoras en toda circunstancia en la que en un área Municipal como la Escuela de Canotaje se hayan producido denuncias de abuso sexual. Cabe destacar que el mismo dictamen que sobreseyó a Néstor Pinta reconoce que hubo abuso sexual por parte de su padre”.

Por tal motivo, “es necesario trabajar y dialogar con todos los bloques para encontrar ya salidas superadoras que reconozcan la responsabilidad del estado y efectúen actos de reparación de toda víctima de abuso sexual. Así lo plantea la convención de Belém do Pará, que destaca la obligación de los estados a tomar medidas cuando ocurren  hechos de esta gravedad”.

En este orden, señalaron que “nuestro deseo es que el trabajo que no se produjo en la última reunión de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad del HCD, y que tampoco se efectuó en los últimos meses por decisión del oficialismo, pueda concretarse en el menor tiempo posible”.

Nombre

Con respecto al proyecto de cambio de nombre “iniciado hace ya un año, y en el que siempre debió actuarse independientemente de los tiempos de la Justicia, debe ser tratado.  Consideramos que no existe el consenso social para mantener el actual nombre”.

Para finalizar, sostuvieron que “asumimos también que el estado debe realizar acciones reparadoras y de cuidado para las personas abusadas sexualmente y que es necesario el compromiso en trabajar para prevenir situaciones similares en el futuro”.