A raíz de la denuncia de la legisladora Daniela Salzotto contra las  autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), se abrió un gran debate sobre la suerte que corren los menores que están en situaciones vulnerables.

Según la presentación judicial de Salzotto, un niño que fue internado en el hospital de Cipolletti, tras la ausencia total de la familia, no recibió acompañamiento que necesitaba desde el organismo provincial. A esto se le sumó las denuncias radicales por los médicos del nosocomio que atendieron el caso.

Según comentó la legisladora, el último viernes se comunicó con la secretaria Roxana Méndez y ofreció su colaboración para articular acciones. Sin embargo Méndez insistió con que quien debía actuar era Salud Mental y no ellos.

Agregó que el niño tiene un diagnóstico de salud que requiere tratamiento pero quedó sin acompañamiento familiar. En ese instante fue sostenido por la SENAF, pero el viernes 31 de diciembre que se retiraron y lo dejaron librado al servicio de Salud Mental. Las titulares del servicio de Pediatría, de Salud Mental y la propia directora del Hospital fueron quienes hicieron una primera denuncia en la fiscalía de turno.

“Recibimos demandas y denuncias y de organizaciones y colectivos feministas que están preocupados por la situación porque no es el primer caso en el que existen cuestionamientos al sistema de protección de derechos”, finalizó Salzotto.

La otra campana

A través de un comunicado, la SENAF se defendió: “Queremos manifestar nuestro total repudio y rechazo a las recientes declaraciones de la titular del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (CONIAR) en los medios de comunicación, por entender que se alejan de la realidad y exponen la situación de un niño con quien se interviene de manera conjunta con otros organismos del Sistema de Protección Integral, en clara vulneración de sus derechos”.

“Resulta llamativo que la titular del CONIAR pretenda garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y/o adolescentes mediante denuncias infundadas y campañas mediáticas de difamación hacia el organismo proteccional y sus trabajadores/AS, cuando con su actuar genera un efecto contrario y perjudica las estrategias de nuestra intervención”, se resalta en otro de los párrafos.

Para finalizar, sostienen que se ponen a disposición de las autoridades judiciales para brindar la información que les sea necesaria para ex clarecer la situación. Al mismo tiempo, se remarcó que desde el otro lado buscan réditos personales.