10/05/2021

Piden condenas para los tres acusados de usurpar tierras en el acceso a Viedma

Piden condenas para los tres acusados de usurpar tierras en el acceso a Viedma

El Ministerio Público Fiscal pidió condenas para los tres imputados por la usurpación de terrenos en el acceso sur a la ciudad de Viedma, más precisamente en las tierras lindantes a la intersección de las rutas Nacional 3 y Provincial 1. 

La Fiscal Paula Rodriguez Frandsen destacó que “logró acreditarse a través de los diferentes testigos que los tres acusados, juntos con otras personas no identificadas, invadieron el predio de forma clandestina y subrepticia, para delimitarlo y levantaron allí construcciones precarias despojando así a sus propietarios legales de la propiedad del mismo”. 

Ahora deberá resolver la jueza del juicio, la doctora Daniela Zágari, el pedido de la funcionaria, con la lectura de la sentencia que se dará a conocer la semana próxima. 

Según la acusación, el lugar “era visitado periódicamente por su dueña quien había realizado comodatos con instituciones deportivas y, además, vendido lotes pertenecientes a un futuro corredor comercial”.

Adelantándose a la teoría del caso de la defensa relacionada con el déficit habitacional, la Fiscal expresó que existió “invasión y clandestinidad. Las personas que ingresaron al predio no querían visibilizar un problema, lo hicieron para instalarse y despojar de él a sus propietarios. Ello surge no sólo de las demarcaciones y las construcciones realizadas, sino también de las propias declaraciones de los imputados al fijar domicilio en ese lugar, en las diversas audiencias judiciales”.

“Allí en ese terreno, sabiendo que no era de su pertenencia, permanecieron los imputados hasta incluso después de que el Juez de Garantías dispusiera su desalojo, tal como declararon algunos testigos”, enfatizó Rodriguez Frandsen y agregó que “ni se fueron cuando supieron que cometían un delito, ni voluntariamente; hicieron falta tres meses, dos audiencias de conciliación en la Fiscalía, cuatro audiencias penales y una orden de desalojo dictada por un juez de garantías”.

Finalmente destacó que “por supuesto tienen las personas derecho a una vivienda digna, pero ese no es un derecho absoluto, está limitado por las normas y por los derechos de terceros”.

Seguidamente se preguntó: “¿Debe un particular garantizar el derecho a la vivienda digna?. No, es el Estado quien debe hacerlo pero incluso los testigos de la defensa no pudieron acreditar que estos tres imputados hayan intentado ese proceso por la vía del reclamo legal”.

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