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El STJ imputó a Pablo Barreno y CGT se solidarizó con el dirigente sindical
Se trata de una causa que se inició contra el delegado judicial de Viedma y legislador provincial por el Frente de Todos.
En un escrito dado a conocer en las últimas horas desde la central obrera se refirieron a la imputación contra el legislador y dirigente sindical.
Cabe recordar que la imputación tiene que ver con una acción gremial realizada desde el gremio SITRAJUR.
A continuación publicamos el escrito enviado desde CGT Zona Atlántica:
"CGT Zona Atlántica se solidariza con el compañero Pablo Barreno, dirigente sindical de SITRAJUR y actual legislador provincial, quien fue imputado por la Justicia Rionegrina por cumplir con su tarea sindical y defender los derechos de los trabajadores.
Son los sindicatos los que garantizan los derechos de los y las trabajadoras, por eso entendemos que el accionar de la Justicia sienta un antecedente peligroso no solo para los gremios sino también para el sector del trabajo.
Rechazamos una persecución judicial a Pablo Barreno e informamos a la comunidad que la imputación de dirigentes sindicales del gremio de los judiciales rionegrinos, SITRAJUR, por parte de la Justicia a raíz de una denuncia realizada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia contra el legislador Pablo Barreno carece de sustento legal, pero aún más grave ataca la libertad sindical en el más amplio de sus sentidos violando, asimismo, preceptos de raigambre constitucional.
La libertad sindical ha alcanzado carácter universal y tiene que ver con la vocación de los trabajadores y trabajadoras a organizarse en agremiaciones que defiendan sus intereses.
El avasallamiento por parte de las máximas autoridades del Poder Judicial, con complicidad de diversos funcionarios judiciales, no hace más que atropellar los preceptos más básicos en lo que hace a la defensa de los trabajadores y trabajadoras, e implica un desconocimiento del artículo 205 del Código Penal.
La interpretación literal de dicha norma resulta violatoria de la libertad sindical, pero también lesiona el principio de culpabilidad por ausencia de lesividad.
Una interpretación armónica del citado artículo 205 del CP en conjunto con las medidas de control de la pandemia dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, compatible con los derechos consagrados en la Constitución Nacional, permite llegar a la conclusión que no se puede penalizar a un representante de los trabajadores y trabajadoras por el incumplimiento de las pautas sanitarias, tanto por un lado porque estaba controlando que se cumplan los protocolos para que sus representados puedan con toda seguridad poder desarrollar sus tareas sin afectación a su salud, pero además con todos los cuidados, sin haber cursado la enfermedad de COVID 19, no había riesgo concreto alguno de propagación. La conducta punible debe producir el daño que la ley estaba destinada a evitar.
Manipulación
De esta forma, la hipótesis de riesgo abstracto, impulsado por la máxima autoridad judicial demuestra una manipulación del sistema con el solo fin de avasallar, de silenciar, a los representantes de los trabajadores y trabajadoras, con la complicidad, y quizas el desconocimiento, de una fiscal que en vez de preocuparse por perseguir delincuentes pone recursos del Estado para criminalizar a los referentes gremiales.
Alertamos a todos los trabajadores y trabajadoras, un modelo donde se criminalice a quienes defienden sus intereses, donde se persigue con burdos argumentos a referentes gremiales, es propio de un modelo absolutista, autoritario, contrario a lo que los rionegrinos y rionegrinas deseamos".
