Convocan a los inquilinos a denunciar contratos fuera de la ley

Desde el 1 de julio de este año entró en vigencia la nueva ley de alquileres después de que fue rebotada por la gestión anterior de Mauricio Macri. En la teoría hay muchos puntos que respaldan a los inquilinos, pero en la práctica muchos ítems no se cumplen. 

La frase "Anda a alquilar a otro" se hace recurrente en varios de los locadores, por lo que desde la Unión de Inquilinos de Río Negro se convoca a que se haga cumplir la norma y que se denuncia a la AFIP, a Defensa del Consumidor y a la Justicia.

Roberto Díaz, referente de Inquilinos de Río Negro, dialogó con Noticias sobre el caso de Viedma y expresó: "En Viedma hay varios cosas que no se están cumpliendo, ni el decreto 320 que sigue vigente y se va a extender (prohibición de desalojos) ni algunos aspectos de la ley de alquileres que desde el mercado inmobiliario no quieren que funcione".

Díaz señaló que hay una "viveza criolla" por parte del sector inmobiliario, ya que "tomaron la determinación de aumentar muchísimo los precios todo lo que puedan ahora, en el marco de una pandemia que es una situación muy difícil, sabiendo que no van a poder aumentar como ellos querían durante el segundo y tercer año".

El referente de los locatarios estimó que las subas en este sentido van del 40 por ciento y hasta el 120%.

Al respecto, cuestionó: "Las inmobiliarias no son intermediarias claramente, se opusieron a la extensión del decreto 320 que protegía a 70 mil inquilinos en la provincia y ahora se oponen a cumplir algunos aspectos de la ley que beneficia justamente a los inquilinos".

En la capital rionegrina, al caminar en la calle y preguntar por alquileres, se constata que no se cumplen algunos puntos fundamentales de la nueva ley como que los contratos sean por 3 años para darle mayor previsibilidad a los inquilinos, que los honorarios inmobiliarios sean pagados por los propietarios, que los depósitos deben ser devueltos con valores actualizados y que los aumentos sean anuales y no semestrales de acuerdo a las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central. 

Díaz enfatizó en ese marco: "Esos contratos hay que denunciarlos, aunque los hagan por dos años, aunque los aumentos quieran pagarlos por seis meses, aquel inquilino que quiera que su contrato se adecue tiene que ir a la AFIP y a la Justicia Civil y la Justicia tiene la obligación de readecuar cualquier contrato que se firme después del 1 de julio de este año".

Aclaró que esto también le compete a los particulares que alquilan viviendas permanentes, que son aquellas que tienen un período mínimo de seis meses para habitar. 

"Es otra victoria de los inquilinos"

El Presidente Alberto Fernández, señaló que "se va a extender el Decreto 320/20" que prohíbe desalojos, extiende contratos, y congela precios. Anunciarán la medida a partir de hoy lunes. 

Sobre ello, Díaz dijo: "Es otra victoria sobre el Mercado Inmobiliario, que públicamente en Río Negro y todo el país salió a oponerse a la medida, por lo que se termina la mentira que son mediadores. En ningún momento escuché de parte de los colegios una medida que piense qué pasaba con los 70 mil rionegrinos y rionegrinas que iba a ser desalojados, al contrario".

Desde la organización provincial, expresaron que "con la medida se garantiza el techo como un derecho constitucional, sobre todo en el marco de la pandemia. Muchas inmobiliarias pretendían que siga siendo un negocio, cuando en realidad hay muchas personas que no pueden generar ingresos, están endeudadas, y no tienen los ingresos para mudarse. Es decir, estaban a punto de ser desalojados sin más ni más".

Si la medida se extiende tal y como estuvo estipulada en marzo, se congelarán precios para los contratos que estén extendidos (sin generar deuda), y se permitirá que aquellos que no puedan pagar se queden en la vivienda sin ser desalojados. Además, se suspenden las acciones legales contra los inquilinos y no corren intereses ni punitorios. Las deudas que se generen, se abonarán cuando termine el decreto sin intereses (sólo una tasa del Banco Nación).