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Alquileres: Más de un millón de hogares pueden ser desalojados

El 30 por ciento de los inquilinos a nivel país no pudo pagarle a su locador y la mitad de ellos tiene al menos una deuda de dos meses. La cruda realidad de la cuarentena llevó a que muchos de los locatarios deban ser asistidos con bolsones de comida.

La Federación Nacional de Inquilinos realizó un relevamiento de las personas que alquilan en todo el país y un 30 por ciento reconoció no poder pagar lo que se le pide y la mitad de ellos acumulan una deuda de dos meses.

Esto significa que, cuando venza la vigencia del decreto 320/20 que suspende los desalojos en Argentina, más de 1 millón de hogares corren riesgo de ser desalojados.

El presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, habló en Radio Noticias sobre este problema y expuso: "Mucha gente que no pudo trabajar fue acumulando deudas durante todos estos meses" al tiempo que citó como uno de los puntos más graves a Bariloche "que tiene 15 mil temporarios que están vinculados al sector turístico y el 70 por ciento son inquilinos".

Por este motivo, desde la Unión solicitan que el decreto que impide desalojos se extienda hasta marzo del año que viene y "que haya una política del gobierno nacional de desendeudamiento porque así como se financiaron a grandes empresas para pagar los salarios, cosa que nos parece bien, hubo muchos trabajadores vinculados a la construcción, al turismo, taxistas, de todo, que no pudieron pagar el alquiler y se ha acumulado mucho dinero".

Aclaró asimismo que "tampoco si todo se levanta, si la actividad económica vuelve a tratar de levantarse, no se va a generar el movimiento económico para esa gente pueda pagar las deudas y los alquileres en curso".

"Tiene que haber una doble política, una política de extensión del decreto y una política de desendeudamiento reconociendo que cuando el gobierno pague ese alquiler de los inquilinos está teniendo también la misma política con trabajadores que están en blanco" explicó.

Díaz requirió celeridad dado que "los inquilinos necesitan saber con tiempo si va a haber una extensión o no, porque nadie puede planificar su vida y su techo en 30 días. Estamos diciéndole al gobierno nacional que si no extienden el decreto podemos tener a un millón de hogares que van a entrar en un proceso de desalojo y ¿qué hacemos con todo eso en el marco de una pandemia?"

El referente de los inquilinos mencionó que después de la pandemia el 60 por ciento de la población va a estar por debajo de la línea de pobreza, por lo que "con lo poquito que podes generar lo vas a usar para comer, no vas a poder pagar los servicios, el alquiler o comprarte ropa. Hoy tenemos una economía que es prácticamente de guerra y el gobierno nacional tiene que pensar que hay muchos sectores que están encerrados desde hace mucho tiempo, endeudándose y todavía no está claro cómo se va a salir de la crisis económica".

"No decimos que hay que levantar la medida sanitaria porque estamos en el peor momento, lo que decimos es que el gobierno nacional tiene que desendeudar a esos hogares y trabajar por la relación de tensión que se ha generado estos meses porque también el propietario quiere cobrar su alquiler" detalló.

Por otro lado, Díaz indicó que ha avanzado en reuniones con el Enargas para implementar una tarifa social para los inquilinos, ya que con los alquileres se licua el 50 por ciento de los ingresos de los trabajadores.

Al respecto, puntualizó: "Estamos muy cerca de lograr que haya una tarifa social para los 9 millones de inquilinos a nivel país, en principio lo habíamos pensado solamente para la Patagonia pero cuando empezamos a discutir más profundamente la estructura tarifaria en la Argentina la posibilidad terminó siendo para todo el país".

Asistencia de comida

Díaz, en otro orden, se refirió a una cruda realidad de muchos inquilinos: la asistencia de comida para poder vivir. Se tratan de familias vinculadas a la fruticultura, al turismo, a la construcción y de la economía informal.

"La única forma que tienen de acceder a la comida es con bolsones, entonces los Estados nacionales y los municipios están poniendo muchísimo dinero, como un billón de pesos, en materia de asistencia y no alcanza" lamentó.

En ese aspecto pidió redoblar los esfuerzos y la planificación de la ayuda "porque mucha gente está encerrado desde hace mucho tiempo, está sin trabajar acumulando deudas y eso va generando una presión en la cabeza, que no sabes cómo vas a salir de esto y la presión de salir a buscar la ayuda".

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Alquileres: Más de un millón de hogares pueden ser desalojados

El 30 por ciento de los inquilinos a nivel país no pudo pagarle a su locador y la mitad de ellos tiene al menos una deuda de dos meses. La cruda realidad de la cuarentena llevó a que muchos de los locatarios deban ser asistidos con bolsones de comida.

Roberto Díaz. Foto: Bariloche 2000.

La Federación Nacional de Inquilinos realizó un relevamiento de las personas que alquilan en todo el país y un 30 por ciento reconoció no poder pagar lo que se le pide y la mitad de ellos acumulan una deuda de dos meses.

Esto significa que, cuando venza la vigencia del decreto 320/20 que suspende los desalojos en Argentina, más de 1 millón de hogares corren riesgo de ser desalojados.

El presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, habló en Radio Noticias sobre este problema y expuso: "Mucha gente que no pudo trabajar fue acumulando deudas durante todos estos meses" al tiempo que citó como uno de los puntos más graves a Bariloche "que tiene 15 mil temporarios que están vinculados al sector turístico y el 70 por ciento son inquilinos".

Por este motivo, desde la Unión solicitan que el decreto que impide desalojos se extienda hasta marzo del año que viene y "que haya una política del gobierno nacional de desendeudamiento porque así como se financiaron a grandes empresas para pagar los salarios, cosa que nos parece bien, hubo muchos trabajadores vinculados a la construcción, al turismo, taxistas, de todo, que no pudieron pagar el alquiler y se ha acumulado mucho dinero".

Aclaró asimismo que "tampoco si todo se levanta, si la actividad económica vuelve a tratar de levantarse, no se va a generar el movimiento económico para esa gente pueda pagar las deudas y los alquileres en curso".

"Tiene que haber una doble política, una política de extensión del decreto y una política de desendeudamiento reconociendo que cuando el gobierno pague ese alquiler de los inquilinos está teniendo también la misma política con trabajadores que están en blanco" explicó.

Díaz requirió celeridad dado que "los inquilinos necesitan saber con tiempo si va a haber una extensión o no, porque nadie puede planificar su vida y su techo en 30 días. Estamos diciéndole al gobierno nacional que si no extienden el decreto podemos tener a un millón de hogares que van a entrar en un proceso de desalojo y ¿qué hacemos con todo eso en el marco de una pandemia?"

El referente de los inquilinos mencionó que después de la pandemia el 60 por ciento de la población va a estar por debajo de la línea de pobreza, por lo que "con lo poquito que podes generar lo vas a usar para comer, no vas a poder pagar los servicios, el alquiler o comprarte ropa. Hoy tenemos una economía que es prácticamente de guerra y el gobierno nacional tiene que pensar que hay muchos sectores que están encerrados desde hace mucho tiempo, endeudándose y todavía no está claro cómo se va a salir de la crisis económica".

"No decimos que hay que levantar la medida sanitaria porque estamos en el peor momento, lo que decimos es que el gobierno nacional tiene que desendeudar a esos hogares y trabajar por la relación de tensión que se ha generado estos meses porque también el propietario quiere cobrar su alquiler" detalló.

Por otro lado, Díaz indicó que ha avanzado en reuniones con el Enargas para implementar una tarifa social para los inquilinos, ya que con los alquileres se licua el 50 por ciento de los ingresos de los trabajadores.

Al respecto, puntualizó: "Estamos muy cerca de lograr que haya una tarifa social para los 9 millones de inquilinos a nivel país, en principio lo habíamos pensado solamente para la Patagonia pero cuando empezamos a discutir más profundamente la estructura tarifaria en la Argentina la posibilidad terminó siendo para todo el país".

Asistencia de comida

Díaz, en otro orden, se refirió a una cruda realidad de muchos inquilinos: la asistencia de comida para poder vivir. Se tratan de familias vinculadas a la fruticultura, al turismo, a la construcción y de la economía informal.

"La única forma que tienen de acceder a la comida es con bolsones, entonces los Estados nacionales y los municipios están poniendo muchísimo dinero, como un billón de pesos, en materia de asistencia y no alcanza" lamentó.

En ese aspecto pidió redoblar los esfuerzos y la planificación de la ayuda "porque mucha gente está encerrado desde hace mucho tiempo, está sin trabajar acumulando deudas y eso va generando una presión en la cabeza, que no sabes cómo vas a salir de esto y la presión de salir a buscar la ayuda".

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