Polémica por el cierre de Roca con un montículo de tierra

General Roca vive una de sus peores horas con la pandemia del coronavirus esparcida rápidamente. Tiene 44 de los 101 casos activos y registra cuatro muertes, siendo la ciudad con mayor contagio en la provincia.

A todo esto se le suma la controversia por el cierre de la localidad con un montículo de tierra, cuya responsabilidad es repartida por las autoridades. 

La intendenta María Emilia Soria adjudicó esta decisión al ministro de Seguridad y Justicia Gastón Pérez Estevan y dijo: "Clausurar la mayoría de los cruces que unen el norte con el sur de Roca como estrategia para cubrir la falta de personal policial no ha sido una decisión acertada porque nos hace retroceder en el tiempo. Mucho esfuerzo ha costado a esta ciudad crecer en la conectividad urbana, como para volver a dividir la ciudad en dos por falta de recursos humanos policiales que deberían estar garantizados". 

"La inhabilitación de cruces sobre el Canal Grande dispuesto por el Jefe interino de la Unidad Regional Segunda a cargo del Comisario Mayor Osvaldo Adrián Tellería, está afectando gravemente la integración de nuestra ciudad" remarcó y completó: "Ya iniciamos la liberación de todos los puentes inhabilitados, y solicitamos que en su lugar se dispongan operativos con efectivos policiales" .

"Desde el Municipio iniciamos el levantamiento de los cortes y pusimos a disposición el cuerpo de agentes de Tránsito municipales a fin de colaborar con la tarea de control de circulación, que coincidimos en que es estrictamente necesaria, pero no debería dividir la ciudad" amplió Soria.

No tardó en llegar la contestación del Ministerio de Seguridad y Justicia y se aclaró que "no recomendó la colocación de montículos de tierra en los puentes del Canal Grande de General Roca para impedir el tránsito". 

Explicaron al respecto: "El Plan Operativo propuesto por la Provincia establecía la colocación de vallas para controlar el tránsito de manera alternada y en horarios específicos, entendiendo que estos elementos son de fácil manejo. La Municipalidad (que preside el Comité de Emergencia local) entendió que las vallas no cumplían con los requisitos de seguridad necesarios (por ser movibles) y definió la instalación de montículos de tierra, con el uso de camiones de la comuna". 

La Policía de Río Negro señaló asimismo de que removidos estos montículos por parte del Municipio, se podrán realizar los controles de manera normal y como estaba previsto inicialmente en el Plan Operativo.

Por el lado de Juntos por el Cambio, el abogado Nicolás Suárez Colman fue un poco más allá y calificó a la cuarentena como una "infectadura" y comparó a Roca como un gueto. 

El polémico letrado detalló: "Gueto es un grupo apartado de viviendas que responde a grupos étnicos o religiosos, lo triste de los guetos es que no son voluntarios sino propios de la decisión de el gobernante. Vimos algo así durante el apartheid o la segregación racial norteamericana". 

Precisó también: "La decisión de los gobernantes de terraplenar puentes y calles para evitar la circulación de ciudadanos no sólo es repudiable desde lo político y social, sino que jurídicamente es lo que se considera vía de hecho. Discriminan a la zona norte de la ciudad prohibiendo que circule mediante la instalación de terraplenes en los puentes sobre el canal grande".

"La constitución nacional y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos son una base mínima que tenemos garantizada los ciudadanos por el simple hecho de habitar territorio argentino. Esos derechos son inviolables y prevalecen sobre todas las cosas ej: la salud; el libre tránsito; la prohibición de detenciones ilegales; la defensa en juicio; derecho a la intimidad; el derecho al trabajo; el no ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohíbe" sumó. 

Y determinó: "La única limitación posible es cuando afecta derechos de incidencia colectiva o de tercera generación, como los referidos a la defensa del usuario y consumidor o bien al medio ambiente sano. La protección de estos aunque sea reclamada por una persona el resultado afecta a todos". 

Suárez Colman opinó que en la pandemia "las autoridades están obligadas a encontrar soluciones, sólo que éstas no pueden afectar, disminuir o suprimir los derechos que mencioné anteriormente. si adoptan medidas que los hacen estas son inconstitucionales y deben buscar otras vías, de eso se trata".

Por último, sostuvo que la acción de los conductores políticos es "irresponsable, ilegal y autoritario" y "es momento de volver a la república donde los gobernantes están debajo de las leyes y la constitución, no sobre ella".