Qué dice el proyecto de “jubilaciones de privilegio”

 Pasado el mediodía de hoy jueves, la Cámara de Diputados de la Nación tratará el proyecto de ley que busca modificar las leyes 24.018 y 22.731, las cuales hacen referencia al régimen previsional especial para funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior, respectivamente. 

En líneas generales, el proyecto de ley que busca eliminar los beneficios de las jubilaciones de privilegio que cobran los jueces y el cuerpo diplomático aplica a un total de 8022 personas que perciben haberes (en promedio) entre $335.000 y $235.000 pesos mensuales (hasta 17 veces más que los 14.067.63 pesos contemplados en la mínima). 

En esto, la iniciativa plantea por caso que la jubilación sea equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, es decir, de los últimos diez años.

A su vez marca un aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta llegar a los 65 años de edad, marcando un tránsito desde este 2020 hasta el 2025. 

El quórum 

En este plenario de comisiones fue que desde la principal bancada opositora le pidieron al Frente de Todos la inclusión de una cláusula transitoria para dar garantías a los magistrados que iniciaron el proceso de jubilación, lo que fue rechazado por el oficialismo. 

Es a partir de esto que, si bien podría sufrir modificaciones con el correr del día, Juntos por el Cambio como bloque afirmó que en el día de hoy no dirá presente en el recinto. 

Voces

Entre los argumentos expresados en el plenario de Comisiones que se llevó a cabo en Diputados, los magistrados advirtieron que se vería afectada la seguridad jurídica para los acreedores e inversores extranjeros. “Si el Constituyente le dio al Poder Judicial ciertos beneficios, por algo habrá sido”, lanzaron. Según los jueces, el fin de los privilegios va a dejar un Poder Judicial “devastado” y significará “el fin de la carrera judicial”.

En tanto, la organización Justicia Legítima -que no formó parte de las exposiciones ante el Plenario- se erigió como una de las únicas voces que respaldó la iniciativa, atenta a “la situación de emergencia” del país. Pero reclamó modificaciones para evitar una posible “anulación jurídica”. 

Por su parte, los dos sindicatos del sector rechazaron la eliminación del régimen especial para los escalafones más bajos, mientras que se mantiene para los cargos de alto rango, lo que tornaría al sistema “más elitista aún”.

Las organizaciones que nuclean a magistrados y fiscales, que calificaron al proyecto de inconstitucional, por entender que afecta la intangibilidad de los sueldos e insistieron en que afecta derechos adquiridos y la independencia de los magistrados.

Aunque con diferencias internas, tanto Marieta Urueña Ruso, del Sitraju, como Julio Piumato, de la UEJN advirtieron que el proyecto saca del régimen especial sólo a las categorías más bajas, lo que provocará una “mayor concentración de poder” y un “achicamiento de la pirámide”. Ambos dirigentes sindicales advirtieron que “se haría más elitista el régimen especial, porque solo lo podrían recibir los cargos superiores”.

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