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06 ABR 2020

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Causa Farmacias: embargo e inhibición de bienes a siete imputados

Avanza la causa de presuntas defraudaciones hacia Ipross.

Este lunes finalizó la audiencia para definir las medidas cautelares en torno al grupo de farmacéuticos de Roca que están imputados por presuntas defraudaciones reiteradas a la obra social estatal Ipross.

En la audiencia del pasado viernes la jueza de Garantías Natalia González tuvo por formulados los cargos contra las siete personas imputadas e hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Así, dispuso que por el plazo de cuatro meses deberán presentarse de manera quincenal en Tribunales, para acreditar que permanecen a derecho; les prohibió la salida del país y les prorrogó por el mismo tiempo el embargo de bienes que ya estaba vigente y que actualmente está depositado en una cuenta judicial.

Se trata de pagos que el Ipross había girado al Colegio de Farmacéuticos para que sean distribuidos entre las farmacias investigadas, correspondientes a las liquidaciones de ventas de medicamentos de cada comercio en el primer trimestre de 2019.

En la audiencia de este lunes la jueza finalizó la resolución, haciendo también lugar a las medidas cautelares que había requerido la Fiscalía de Estado, representante de la Administración Pública provincial como parte querellante.

En tal sentido, dispuso por el término de 4 meses la inhibición general de bienes de las siete personas imputadas. La medida se inscribirá en los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Río Negro y Neuquén, así como también en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor.

La inhibición implica que por el plazo establecido no podrán desprenderse de ninguno de los bienes inmuebles o vehículos que se encuentren a su nombre.

La parte querellante había solicitado esa medida para “evitar que se consolide el provecho” del presunto delito cometido. La jueza coincidió en que la inhibición de bienes permite evitar una eventual insolvencia del patrimonio de las personas investigadas para que, llegado el caso, puedan responder por los montos que se atribuyan a cada uno por la defraudación.

En la audiencia se aclaró que la inhibición de bienes podrá ser sustituida si cada uno de los imputados ofrece a embargo bienes suficientes para cubrir las sumas que se les imputaron en la formulación de cargos.

La segunda medida de este lunes fue la ampliación del embargo preventivo del dinero girado por Ipross al Colegio de Farmacéuticos para el pago de las supuestas ventas de medicamentos en las farmacias investigadas.

El embargo original sólo comprendía el primer trimestre de 2019. Esta nueva cautelar no se limita a ese período sino que alcanza a todas “aquellas sumas de dinero que el Colegio de Farmacéuticos haya recibido por parte de Ipross para ser pagadas a todos los imputados en función de los convenios de prestación vigentes y/o a las farmacias por ellos oportunamente dirigidas”.

La medida se dictó por el término de cuatro meses “y hasta cubrir la suma de dinero expuesta en la imputación para cada uno de ellos”.

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Causa Farmacias: embargo e inhibición de bienes a siete imputados

Avanza la causa de presuntas defraudaciones hacia Ipross.

Este lunes finalizó la audiencia para definir las medidas cautelares en torno al grupo de farmacéuticos de Roca que están imputados por presuntas defraudaciones reiteradas a la obra social estatal Ipross.

En la audiencia del pasado viernes la jueza de Garantías Natalia González tuvo por formulados los cargos contra las siete personas imputadas e hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Así, dispuso que por el plazo de cuatro meses deberán presentarse de manera quincenal en Tribunales, para acreditar que permanecen a derecho; les prohibió la salida del país y les prorrogó por el mismo tiempo el embargo de bienes que ya estaba vigente y que actualmente está depositado en una cuenta judicial.

Se trata de pagos que el Ipross había girado al Colegio de Farmacéuticos para que sean distribuidos entre las farmacias investigadas, correspondientes a las liquidaciones de ventas de medicamentos de cada comercio en el primer trimestre de 2019.

En la audiencia de este lunes la jueza finalizó la resolución, haciendo también lugar a las medidas cautelares que había requerido la Fiscalía de Estado, representante de la Administración Pública provincial como parte querellante.

En tal sentido, dispuso por el término de 4 meses la inhibición general de bienes de las siete personas imputadas. La medida se inscribirá en los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Río Negro y Neuquén, así como también en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor.

La inhibición implica que por el plazo establecido no podrán desprenderse de ninguno de los bienes inmuebles o vehículos que se encuentren a su nombre.

La parte querellante había solicitado esa medida para “evitar que se consolide el provecho” del presunto delito cometido. La jueza coincidió en que la inhibición de bienes permite evitar una eventual insolvencia del patrimonio de las personas investigadas para que, llegado el caso, puedan responder por los montos que se atribuyan a cada uno por la defraudación.

En la audiencia se aclaró que la inhibición de bienes podrá ser sustituida si cada uno de los imputados ofrece a embargo bienes suficientes para cubrir las sumas que se les imputaron en la formulación de cargos.

La segunda medida de este lunes fue la ampliación del embargo preventivo del dinero girado por Ipross al Colegio de Farmacéuticos para el pago de las supuestas ventas de medicamentos en las farmacias investigadas.

El embargo original sólo comprendía el primer trimestre de 2019. Esta nueva cautelar no se limita a ese período sino que alcanza a todas “aquellas sumas de dinero que el Colegio de Farmacéuticos haya recibido por parte de Ipross para ser pagadas a todos los imputados en función de los convenios de prestación vigentes y/o a las farmacias por ellos oportunamente dirigidas”.

La medida se dictó por el término de cuatro meses “y hasta cubrir la suma de dinero expuesta en la imputación para cada uno de ellos”.

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