La pandemia disparó la pobreza, que abarca a casi el 45% de los argentinos

La crisis económica y social, que se profundizó con la cuarentena preventiva por el coronavirus, llevó el índice pobreza que publica la Universidad Católica Argentina (UCA) al  44,2%, 3,4 punto porcentuales por encima de la última medición, de 2019.

De esos totales, la indigencia subió del 8,9% al 10,1% en el mismo lapso.

Los efectos de la crisis social se vieron atenuados por los programas de asistencia instrumentados por el Gobierno en este contexto, como el IFE. Sin ello, estima el informe, la pobreza habría escalado hasta el 53,1% de la población urbana.

Y por grupos de edad, sobresale la pobreza entre los menores de 17 años, que subió del 59,5% al 64,1% reflejando “una persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana”.

Los datos son del Observatorio de la Deuda Social, de la UCA relevados entre julio y octubre de este año y son los más altos de toda la serie que arranca en 2010. Corresponde a la "pobreza de ingresos" que surge de comparar los ingresos de los hogares con los valores de la canasta de indigencia y de pobreza.

Al presentar estos datos, Agustin Salvia, director del Observatorio dijo que la pandemia agravó una situación social y laboral que se fue agudizando a lo largo de toda la década.

“Las evidencias presentadas en este informe confirman que bajo el escenario de crisis COVID-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia. El nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social”, explicó.

Salvia advirtió que “los números podrían ser peores” porque el relevamiento se hizo de manera telefónica, ya sea a números fijos o a celulares pero que cumplen la misma función, y en esa forma “existe un efecto de deseabilidad” por el cual, el entrevistado, brinda mejores datos sobre su situación de lo que realmente es, y que se puede percibir en una encuesta presencial. 

Salvia explicó que entre los que están desocupados o con sub-empleo, la pobreza sube con mucha fuerza en los segmentos de trabajadores marginales e integrados y en el Conurbano Bonaerense. “Entre estos grupos, la pobreza crece casi ininterrumpidamente desde 2013-2014 y evidencia un nuevo salto en el contexto de pandemia. La indigencia también aumenta, afectando más a los segmentos marginal e integrado de trabajadores y es transversal a todas las regiones urbanas, aunque con mayor fuerza en el conurbano bonaerense”.

El director del Observatorio señaló que el efecto COVID no fue “democrático”, no afectó a todos por igual: entre los sectores de abajo se acentuó el deterioro social, mientras la cúpula de la pirámide está ahora más concentrada y protegida”.

El Informe señala que sin los distintos programas sociales (IFE, AUH, tarjeta alimentaria, pensiones no contributivas y otros), la pobreza hubiera saltado del 44,2% al 53,1% de la población urbana. El efecto del IFE es el más sustantivo: 8,3 puntos incidió en reducir la indigencia y 6,4 puntos en la pobreza.

“El IFE habría sido la política con mayor impacto absoluto sobre las tasas de pobreza e indigencia, en comparación con las demás políticas de transferencias implementadas”, dice el Informe.

Una de las conclusiones de Salvia es que “durante los últimos años de la década, incluyendo el escenario COVID-19, los indicadores sociales muestran un aumento en la pobreza y en las desigualdades estructurales. Las brechas productivas, sociales y en la calidad del empleo no han disminuido sino que incluso parecen agravarse. La situación ha empobrecido aún más a un cada vez más extendido sector micro-informal de subsistencia (economía social) de muy baja productividad, precariedad y concentración urbana.

Y si bien hubo mejoras durante la década, la desigualdad estructural ha aumentado, expresándose en mayores déficits y brechas en materia de inseguridad alimentaria, mala calidad del hábitat y déficit en el acceso a agua, energía, servicios de saneamiento y a una vivienda digna. La segmentación social también opera sobre servicios públicos universales: educación, salud, protección social y seguridad ciudadana”.