Pesca: "Anormalidades y una ley que afecta al sector"

Con el acompañamiento de la CGT Zona Atlántica, los gremios Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, SOMU –Sindicato de Obreros Marítimos Unidos- y SICONARA –Sindicato de Conductores Navales República Argentina- expresaron a legisladores Justicialistas su preocupación por un proyecto de ley que afecta al sector.

Al dialogar con  los legisladores Raúl Martínez y Alejandro Marinao, los trabajadores expusieron su preocupación informando que “en el puerto de San Antonio hace un largo período de tiempo se viene produciendo gran cantidad de anormalidades en todo el sector”.

Dichas anormalidad son: “Permiso de pesca irregulares, escaso control, anarquía portuaria, falta de balizamiento para resguardos de seguridad, buques en mal estado, tripulantes totalmente desprotegidos en la angustiosa situación de encontrarse abandonados por las empresas que huyen entre gallos y medianoche”.

Además, denunciaron que frente a esta situación los trabajadores “se quedan sin salarios, sin protección social alguna, con el escaso y esquivo asesoramiento de la Secretaría de Trabajo”.

En este marco coyuntural y ante  un nuevo proyecto de Ley de Pesca de la provincia de Río Negro, “descubrimos en la redacción de la misma que no están descriptos los derechos laborales. Es por eso que venimos a solicitar que ante el análisis en las comisiones correspondiente de se defienda la protección del obrero más allá de la bandera política a la cual cada legislador pertenezca”.

 En este marco, añadieron que “vemos con asombro y desazón que el convenio  188 de la Organización Internacional del Trabajo, ya adoptado por nuestro Estado nacional en el año 2017, no es ni siquiera parcialmente tenido en cuenta, ante el intento de sacar una ley que sirva solamente a intereses ya instalados, desprotegiendo una vez más al trabajador embarcado, que es el motor de esa gran maquinaria que es la pesca en la provincia de Río Negro”.

Por lo expuesto, los gremios adelantaron que en caso de no tener respuestas concretas podrían iniciar medidas de fuerza.