Los responsables de la cancha donde murió Gutierre van a ir a juicio

Este jueves se desarrolló la audiencia de control de acusación en la que la Fiscalía, la querella y la defensa privada presentaron la prueba a través de la que buscarán corroborar sus respectivas teorías del caso en relación a la autoría de dos personas en la muerte del adolescente Nicolás Gutierre, en San Antonio Oeste.

El hecho se produjo el 23 de febrero de 2018 cuando el joven, que se encontraba en la cancha de fútbol jugando un partido, se tomó del alambrado y recibió una descarga eléctrica que le produjo su muerte por paro cardiorespiratorio.

Los hechos atribuidos al presidente del club Rubén Barilá y quien alquilaba la cancha de fútbol Paulo Sandoval destacan que “teniendo conocimiento de la fuga de electricidad de la instalación eléctrica en el predio del club y sabiendo el riesgo de vida que ello implicaba no realizaron los arreglos que precisaba, entre ellos la conexión a tierra. Como consecuencia de esta falla el adolescente, al tomarse con ambas manos del alambrado, recibió la descarga que produjo su muerte”.

La acusación explicó de esta forma, por qué considera el delito como dolo eventual agregando que “las dos personas imputadas tenían conocimiento del riesgo, no hicieron nada y siguieron usufructuando la cancha en partes iguales”.

En cambio los defensores Danilo Vega y Hugo Lapadat brindaron argumentos contrarios al sostener que la calificación legal debería ser la de homicidio culposo.

El Juez de jucio, Marcelo Chironi rechazó estos últimos planteos y elevó la causa a juicio con la calificación pretendida por los padres del adolescente y manifestada a través de sus abogados querellantes Ezequiel Castro y Gerardo Collado, que sostuvo la Fiscalía.

Coincidió en aspectos destacados por la defensa pero aclaró que los mismos deben ser debatidos en un debate oral y público en donde se probará una de las teorías del caso. “La acusación menciona claramente las fechas y explica que, a pesar del conocimiento de las fallas estructurales, omitieron efectuar los arreglos pertinentes, por lo que no encuentro objeciones formales contundentes que me lleven a objetarlo”, dijo, aunque aclaró -dirigiéndose a los padres del adolescente- que estos extremos “deberán necesariamente probarse en el debate oral y público”.

Finalmente las partes detallaron a través de qué elementos se valdrán para sostener sus teorías del caso, admitiendo finalmente el Juez más de 40 testigos y diversa documentación suficientemente estandarizada. En los próximos meses, tal lo adelantó Chironi, deberá fijarse la fecha del debate que se realizará ante un Tribunal compuesto por tres jueces de juicio de la Primera Circunscripción.

Foto: Lorena Villaverde.