21/11/2019

La Ley de Alquileres nuevamente obtuvo media sanción en Diputados

Ahora el proyecto pasará al Senado, donde fue rebotada anteriormente. La nueva normativa propone que los ajustes en los contratos se realicen por las variaciones mensuales de la inflación y la variación de los salarios de los trabajadores registrados.

La Ley de Alquileres nuevamente obtuvo media sanción en Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a un nuevo proyecto de Ley de Alquileres, que, entre otras cosas, propone nuevas condiciones para regular la relación entre inquilinos y propietarios.

El proyecto consiguió el aval de 192 diputados que votaron a favor, mientras que 23 de abstuvieron y nadie votó en contra.

El mismo podría ser incluido en la lista de temas que buscará tratar el Frente de Todos cuando llame a sesiones extraordinarias.

Los principales cambios que se aplicarán si se aprueba en el Senado son que los ajustes en los contratos deberán efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales de la inflación, según el índice de precios al consumidor que mide el Indec, y de los salarios, de acuerdo con el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Los contratos de alquiler se extenderán por un plazo mínimo de tres años. Por lo tanto, se extiende a un año más con respecto al plazo actual.

Las expensas extraordinarias serán responsabilidad del propietario. Solo estarán a cargo del inquilino las expensas que incluyan los gastos habituales, que se vinculan a los servicios normales y permanentes independientemente de cómo sean considerados (expensas comunes ordinarias o extraordinarias).

Se reducirá el depósito de garantía a un mes de alquiler. Una vez finalizado el contrato, se devolverá una suma equivalente al precio del último mes o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler.

Además, se contemplarán diversas opciones para facilitar las garantías para los inquilinos, no sólo a través de la garantía inmobiliaria. Entre ellas, aval bancario; seguro de caución; garantía de fianza; o garantía personal del inquilino (se documenta con recibo de sueldo o certificado de ingresos). El inquilino puede presentar al menos dos y el locador deberá aceptar una de las propuestas.

Por último, los inquilinos y propietarios deberán pagar las comisiones inmobiliarias correspondientes. En el caso de que intervenga un solo corredor inmobiliario, que es lo más habitual, ambos le deberán una comisión. Este era el punto que generaba más conflicto con las cámaras inmobiliarias, porque en los primeros borradores del proyecto se eliminaba la opción de cobrar comisión a los inquilinos.

“Límites a las condiciones abusivas”

Una de las impulsoras del proyecto fue la diputada rionegrina Silvia Horne, quien rindió un homenaje a la Federación de Inquilinos porque logró desarrollarse en todo el país y hacer una encuesta de inquilinos, que reunió respuestas de 19 mil casos. “Los insumos de esa encuesta nos han permitido hoy tener la certeza de lo que hablamos, ya no es difusa la información, ya no son pareceres, sino que sabemos a ciencia cierta que la preocupación mayor de estos inquilinos tiene que ver con el aumento indiscriminado de los alquileres, con la dificultad por el acceso a las garantías”, explicó.

Horne resaltó que “la mayoría de quienes se ocupan en los hogares de la problemática de la vivienda son las mujeres y sabemos también que una parte de la problemática tiene que ver con posiciones abusivas y discriminatorias, que ponen condiciones que impiden a las mujeres alquilar si tienen niños”.

La diputada dijo además que “el reconocimiento a las organizaciones tiene un nombre y apellido y quiero mencionar especialmente a Gervasio Muñoz, porque no ha cejado en la preocupación para que este proyecto llegue hoy al recinto, es una lucha que tiene varios años, la Federación se constituyó en el año 2016. Este dirigente ha podido consensuar posiciones con el sector inmobiliario y llegar a un proyecto de equilibrio, es el fruto de un acuerdo, el fruto de una negociación, de haber podido sentar en una mesa a sectores con intereses contrapuestos y haber podido encontrar una regulación por parte del Estado, que ponga límites a las condiciones abusivas que están dejando a muchísimas familias en la calle”. Puntualizó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en julio, había más de 7.500 familias en la calle.

También hizo un recorrido histórico, en el que mencionó ‘la huelga de las escobas’ de 1907, en la que participaron unos cien inquilinatos de la ciudad de Buenos Aires durante tres meses, que fue duramente por el coronel Ramón Falcón, jefe de Policía que ejecutó sangrientas represiones en los comienzos del siglo XX. “Tengo que mencionar que hemos tenido un periodo en la historia en el que hubo gobiernos en el cual hubo políticas de Estado que tomaron a la vivienda como un objetivo social, durante el gobierno peronista se construyeron cantidades importantes de viviendas, y se construyeron para los trabajadores y con los gremios. Esto permitió que durante todo eso periodo la demanda por el valor de los alquileres no tuviera el peso y la gravedad que tiene hoy”, expresó.

Recordó además la formación, en el año 1973, el Frente de Inquilinos Peronistas, y también en la reanudación de la democracia, en el año 1983 se formaron centros de inquilinos. Mencionó también que la Cámara de Diputados aprobó la ley del Registro de Barrios Populares, donde vimos que miles y miles de familias han encontrado de hecho y por su cuenta formas de resolver el derecho a la vivienda, que no está contemplado por políticas de Estado. “Esta ley da cuenta de los principales problemas con los que se encuentra una familia que tiene que alquilar, el primero de ellos es una indexación cierta, que va a ser anual, y que se va a regir por índices oficiales y públicos, una combinación entre los índices de precios al consumidor y de incremento de los salarios”, sostuvo.

Te puede interesar
Ultimas noticias