Compró un colectivo que estuvo secuestrado, denunció faltantes y perdió la demanda
Un hombre compró un colectivo que llevaba más de un año y medio secuestrado por la Municipalidad de Viedma. Cuando obtuvo su restitución, denunció que le faltaban componentes esenciales para su funcionamiento y que presentaba numerosos daños.
Por esa razón, inició una demanda contra el municipio para reclamar una reparación económica. Sin embargo, el fuero Contencioso Administrativo de Viedma rechazó el pedido porque no pudo demostrar cuándo se habían producido los deterioros.
El colectivo había sido secuestrado en noviembre de 2018, mientras circulaba por el boulevard Héroes de Malvinas. Durante un control de tránsito, personal municipal constató que quien lo conducía no contaba con el seguro obligatorio ni con la habilitación necesaria para manejar ese tipo de vehículo. Por esas infracciones, el rodado fue retenido y trasladado a la Base 86 del Cuerpo de Seguridad Vial, en la zona del puente ferrocarretero.
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El vehículo permaneció en ese lugar durante un período prolongado. En junio de 2020, un hombre que pretendía adquirirlo solicitó autorización para realizar la verificación policial necesaria para concretar la transferencia. El trámite se completó el 1 de julio de ese año, cuando quedó registrado como nuevo propietario.
El 27 de julio de 2020, la comuna capitalina formalizó la restitución del colectivo. Dos días después, el comprador presentó una nota ante la Agencia Local de Seguridad Vial para denunciar faltantes y daños. Según su reclamo, al vehículo le faltaban las computadoras del motor y de la transmisión, baterías y componentes del sistema de frenos. También presentaba roturas en el parabrisas, la carrocería y las luces reglamentarias.
En diciembre de ese año, una escribana constató el estado del colectivo. El propietario también incorporó un informe de un ingeniero mecánico y fotografías para documentar los deterioros, indica el expediente surgido recientemente.
Con esos elementos, dos años después inició una demanda contra la Municipalidad de Viedma. Sostuvo que el municipio había incumplido su obligación de cuidar y conservar el vehículo mientras permaneció secuestrado. Argumentó que las condiciones del depósito facilitaron los daños y la sustracción de componentes.
En su presentación reclamó los gastos necesarios para reparar el colectivo, una compensación por el tiempo durante el cual no pudo utilizarlo, los costos de las constataciones y otros gastos, además de una reparación por daño extrapatrimonial.
La municipalidad rechazó la demanda. Señaló que el hombre había adquirido el vehículo mucho después del secuestro y que no existían pruebas suficientes para determinar en qué momento se habían producido los daños. También sostuvo que, cuando se formalizó la restitución, el propietario no dejó observaciones sobre el estado del rodado.
Evaluación
El fuero Contencioso Administrativo de Viedma analizó la documentación y distinguió dos períodos. El primero comprendía desde el secuestro, en noviembre de 2018, hasta el 1 de julio de 2020, cuando el demandante adquirió el colectivo. La sentencia consideró que no podía reclamar por los daños anteriores a esa compra, porque no había acreditado que tuviera algún derecho sobre el vehículo durante ese tiempo ni que el anterior propietario le hubiera cedido un eventual derecho a reclamar.
El segundo período abarcaba los 26 días transcurridos entre la adquisición y la restitución formal del colectivo. Durante ese lapso, el hombre ya era propietario y el vehículo continuaba bajo custodia municipal. Sin embargo, el fallo concluyó que no existían pruebas suficientes para establecer que los daños se hubieran producido durante esos días.
La sentencia también valoró que el acta de restitución no contenía observaciones sobre faltantes o roturas. Aunque el propietario denunció los problemas dos días después, la constatación notarial se realizó más de cuatro meses más tarde. Para el juzgado, esa documentación permitía conocer el estado del vehículo, pero no determinar cuándo se habían producido los deterioros.
Otro aspecto considerado fue que el colectivo permaneció físicamente en el predio después de su restitución. El fallo explicó que la obligación municipal de custodia había terminado con la entrega formal del 27 de julio de 2020, aunque el propietario no hubiera retirado el vehículo del lugar.
La resolución reconoció que el municipio tenía la obligación de conservar el colectivo mientras permaneciera bajo su custodia. No obstante, señaló que esa responsabilidad no implicaba responder automáticamente por cualquier daño, sin acreditar cuándo ocurrió y su relación con una actuación u omisión municipal.