Robaron una moto, intentaron escapar y ahora enfrentarán un juicio: uno de los acusados es reincidente
Un cambio de último momento, en el marco de audiencias judiciales convocadas para hoy en Viedma, dio lugar a un cortocircuito entre las partes y; finalmente, un hecho delictivo irá a un juicio oral. Se trata de un caso de hurto de un vehículo en la vía pública. Sobre uno de los acusados pesa una reincidencia.
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Hoy se llevó a cabo una audiencia con pedido de nulidades, por el hurto de una motocicleta Honda XR250, ocurrido el 11 de agosto en Viedma entre las calles 29 y 24 del 30 de Marzo de Viedma. Allí, tuvo como eje una serie de cuestionamientos de la defensa ejercida por Melisa Jarque, sobre el procedimiento policial y las actuaciones posteriores. Sin embargo, el juez Marcelo Chironi rechazó el pedido de nulidad y consideró que no se había demostrado un perjuicio concreto para el acusado.
La causa tiene como imputados a Luis Alberto Díaz, de 26 años (quien se arrepintió de ir a un abreviado), y a David Alberto Luqui (quien no formó parte de esta audiencia). Ambos fueron señalados por la Fiscalía como coautores del hurto de la moto que se encontraba estacionada en la vía pública. Según la acusación, los dos actuaron de común acuerdo y sustrajeron el vehículo de la vereda de un domicilio.
Durante la audiencia, la defensora Jarque cuestionó, en primer lugar, que no existieran elementos suficientes para sostener que los dos hombres habían acordado cometer el delito. También señaló diferencias entre las direcciones mencionadas en la acusación y las declaraciones de la víctima, además de observaciones sobre la titularidad registral de la motocicleta.
La fiscal Paula Rodríguez Frandsen respondió que ambos fueron encontrados caminando juntos con la moto, minutos después del hurto, y que intentaron escapar cuando advirtieron la presencia policial. Además, sostuvo que dieron versiones diferentes sobre quién era el dueño del vehículo para intentar eludir su responsabilidad.
"Fueron vistos caminando con una moto ambos juntos minutos después del hurto. Así fueron encontrados por la Policía e inmediatamente intentaron emprender la fuga", argumentó la representante del Ministerio Público Fiscal.
La fiscal también aclaró que la motocicleta estaba registrada a nombre de la madre del joven damnificado, pero que era utilizada por él y que había presentado la documentación correspondiente para recuperarla.
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Al resolver este primer planteo, Chironi sostuvo que la existencia de un acuerdo entre los acusados debía discutirse durante un eventual juicio, a partir de las pruebas que presente cada parte. Sobre la diferencia de domicilios, indicó que también sería una cuestión a determinar en el debate.
En cuanto a la titularidad del vehículo, el magistrado explicó que, en el delito de hurto, el bien jurídico protegido es la tenencia de la cosa y no necesariamente su propiedad. Por ese motivo, consideró que la discusión sobre quién figuraba como titular registral no invalidaba la acusación.
La defensa cuestionó el procedimiento policial
El segundo planteo de nulidad estuvo centrado en la intervención policial. Jarque relató que los efectivos realizaban un control vehicular cuando recibieron el aviso de una persona que no quiso identificarse y que les informó sobre dos hombres que trasladaban una motocicleta a pie.
Según la defensa, los policías encontraron a Luqui llevando el vehículo y a Díaz caminando junto a él. Díaz habría explicado que la moto no era suya y que pensaba que pertenecía a su amigo. La abogada cuestionó que ambos fueran trasladados a la comisaría y sostuvo que su cliente permaneció alrededor de 36 horas privado de su libertad, con un período de entre ocho y nueve horas sin registro ni comunicación a las autoridades judiciales.
También objetó que no se hubieran realizado pericias sobre la motocicleta antes de devolverla a la víctima, ni levantado huellas, tomado fotografías o constatado su estado mediante la intervención del Gabinete de Criminalística.
"Realmente es muy difícil para esta parte poder ejercer el derecho de defensa de mi defendido. Hay una afectación del debido proceso", sostuvo Jarque al fundamentar el pedido de nulidad absoluta.
La fiscalía rechazó los cuestionamientos y aseguró que no se había demostrado cuál era el perjuicio concreto para el acusado. Rodríguez Frandsen afirmó que la Fiscalía había sido notificada del procedimiento a las 23.34, según constaba en el acta, y que posteriormente recibió nuevas comunicaciones y directivas.
Respecto de la persona que dio el aviso inicial, reconoció que no había podido ser identificada, aunque sostuvo que eso no invalidaba la intervención policial. También explicó que la motocicleta fue trasladada inicialmente en calidad de resguardo, porque no podía quedar abandonada en el lugar, y que recién después de la denuncia se confirmó que había sido sustraída.
Sobre la falta de pericias, la fiscal señaló que esa circunstancia incluso había impedido avanzar con una calificación más grave, vinculada a posibles daños en el vehículo para intentar ponerlo en marcha, por lo que más que perjudicar al acusado fue una cuestión a su favor.
El juez rechazó la nulidad y la audiencia pasó a un cuarto intermedio
Al momento de resolver, Chironi coincidió con la fiscalía y rechazó el planteo de la defensa. El magistrado sostuvo que para declarar la nulidad de un procedimiento no alcanza con señalar defectos formales, sino que es necesario demostrar de qué manera esas irregularidades provocaron un perjuicio concreto y afectaron el ejercicio del derecho de defensa.
"Las nulidades del proceso no tienen por finalidad satisfacer requisitos formales, sino subsanar perjuicios efectivos que impliquen claramente una restricción a las garantías", explicó.
En relación con la demora de Díaz, indicó que, si la defensa consideraba que podía existir un delito de privación ilegítima de la libertad, tenía la posibilidad de presentar una denuncia por una vía separada. Sobre la falta de pericias y fotografías, consideró que se trataba de cuestiones vinculadas con la valoración de la prueba que podrían discutirse durante el juicio.
También sostuvo que la intervención policial podía justificarse ante la situación advertida por los efectivos: dos personas trasladando a pie una motocicleta, sin documentación ni llave, luego de un aviso sobre un posible delito.
Con el rechazo de los planteos de nulidad, la audiencia pasó a un cuarto intermedio a pedido de la defensa, que solicitó tiempo para conversar con su asistido antes de definir cómo continuar con el proceso.
Posteriormente, la fiscal actuante Rodríguez Frandsen explicó a NoticiasNet que el acusado podría tener entre uno y tres años de prisión, ya que la ley castiga con mayor severidad la situación de desamparo y mayor vulnerabilidad a la que se ve expuesto el rodado al quedar en la calle por necesidad de su propietario. En el caso de este acusado, que ya purgó una condena de cárcel, la pena sería de cumplimiento efectivo.
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