El giro fatal de un transporte destrozó una camioneta y seis años después la justicia le dio la razón al dueño del rodado menor
A las 11 del 16 de junio de 2020, en medio de las restricciones que impuso la pandemia del Covid 19, un camión con semirremolque térmico perteneciente a una conocida empresa de transportes de encomiendas realizó un inesperado giro hacia su izquierda en el sentido de circulación. La maniobra irregular se produjo cerca de la terminal de ómnibus de esta capital impactando con la parte posterior izquierda de una camioneta estacionada sobre la calle Estrada al 300.
A raíz del siniestro vial, el propietario decidió recurrir a la Unidad Civil Nº 1, a cargo de la jueza Julieta Noel Díaz, quien comenzó a evaluar el caso debido a que -a criterio del dueño de la pick-up marca Chevrolet S 10- el chofer del rodado mayor “no tomó la precaución necesaria propia de una intersección, no calculó una distancia razonable y prudente, ni prestó la debida atención a las dimensiones”.
Las pericias indicaron que “de las constancias de autos surge que la camioneta se encontraba correctamente estacionada, sin que se evidencie que la misma infringía la prohibición dispuesta” por la normativa vigente.
Sumado a ello, la magistrada sostuvo que “existen otros elementos probatorios que permiten tener por demostrada la existencia y modo de producción del hecho objeto de autos, mediante las declaraciones prestadas por los testigos presenciales ofrecidos por la parte actora, quienes ratificaron la mecánica descripta”.
Recordó que, durante la audiencia del 20 de noviembre de 2024, relataron que “la camioneta del actor estaba estacionada en un lugar permitido y el camión al girar la engancha con la parte trasera del acoplado, y arrastra a la camioneta en dirección a calle Guido” en el acceso a la terminal.
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En consecuencia, la magistrada hizo lugar recientemente a la demanda del damnificado llevando adelante la ejecución contra la empresa de paquetería condenando al propietario de la flota a pagar una indemnización cercana a los 10 millones de pesos, en concepto de liquidación aprobada por capital de sentencia para atender las roturas ante los importantes daños que se constataron.