JUSTICIA
La Jefatura de Gabinete deberá pagar multas diarias de $100.000 por incumplir la ley de Financiamiento Universitario
En un significativo avance en el conflicto legal entre universidades públicas y el gobierno, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, liderado por el juez Martín Cormick, tomó la determinación de establecer multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete Diego Santilli. Esta medida fue adoptada como respuesta al incumplimiento de una orden judicial referente a la ley de Financiamiento Universitario, asunto que ha encendido alarmas en diversas esferas del ámbito educativo.
El juez Cormick señaló en su resolución que el incumplimiento verificado era motivo suficiente para activar el apercibimiento decretado a finales de septiembre y proceder con la imposición de astreintes como una medida de presión y resolución. Estas sanciones corresponden a una primera fase, aunque ha dejado abierta la puerta para futuras modificaciones en cuanto al monto y la identidad de los funcionarios afectados por tales medidas.
El núcleo del conflicto está relacionado con el Decreto 759/2025 y la falta de acciones concretas por parte del Estado nacional para cumplir con dicha normativa. La ley de Financiamiento Universitario busca actualizar y garantizar los fondos necesarios para la educación superior, sin embargo, las universidades han señalado insuficiencias en este aspecto.
En un desarrollo paralelo que complica aún más el panorama político actual, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, ha presentado una denuncia penal contra las más altas esferas del gobierno nacional, dirigida al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo. Solano denuncia que el Ejecutivo ha incurrido en desobediencia al no aplicar una medida cautelar que estipula la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición del Salario Docente.
La denuncia, hecha en los tribunales federales de Retiro, sugiere que la conducta adoptada por los funcionarios señalados podría constituir una desobediencia deliberada hacia la autoridad judicial, además de otras potenciales infracciones contenidas en los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, las cuales están relacionadas con la inobservancia de ordenanzas judiciales y la omisión de sus obligaciones.
En su declaración, Solano catalogó esta situación como un ejemplo de "suma gravedad institucional", acentuando la urgencia que merece ser resuelta para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema universitario y el cumplimiento de prioridades acordadas previamente.