Certificados médicos truchos: uno de los abogados defensores se quejó por el impedimento a los ascensos policiales
La megacausa por los certificados médicos presuntamente falsos volvió este miércoles a los tribunales de Viedma con una nueva audiencia en la que las defensas insistieron con su planteo para que el expediente sea trasladado a General Roca. Del otro lado, la Fiscalía sostuvo que no existe una cuestión de incompetencia territorial y defendió que la investigación continúe en la capital provincial.
La audiencia comenzó a las 8 en la Sala Anexo, ante el juez Adrián Dvorzak, con 26 personas imputadas y la intervención de los fiscales Francisco Marano y Juan Pedro Peralta. Los defensores volvieron a poner el foco en una discusión que atraviesa las distintas audiencias de la causa: si el expediente debe continuar concentrado en Viedma o ser reorganizado para que tramite en la Segunda Circunscripción Judicial.
Uno de los defensores Fernando Ramoa, quien estuvo junto a Matías Rubio, dijo que este caso “es bastante ruidoso” por la distancia en la que se encuentran sus defendidos y la mayoría de los otros letrados. Al respecto, precisó: “Acá se eligieron una fiscalía, defensorías públicas y un juez de Viedma, pero nosotros tenemos un sinnúmero de imputados de Roca y es un problema organizativo”.
Asimismo, planteó: “La organización desde Viedma teniendo un montón de personas viviendo en Roca es realmente compleja, caótica, incluso roza la imposibilidad de defenderse de manera adecuada. Imagínense, venimos tratando de formular los cargos por un delito que no es tan complejo de entender desde 2025. Estas personas son funcionarios públicos, y producto de estar imputados en esta causa tienen impedidos ascender en sus puestos de trabajo”.
El abogado Diego Broggini, quien también representa a una buena porción de imputados, reiteró su pedido de pasar al fuero de General Roca y agregó que hay una gran cantidad de pruebas y pericias que deberán realizarse en el alto valle rionegrino, a más de 500 kilómetros de distancia con respecto a Viedma.
Fiscalía respondió y defendió que siga en Viedma
A su turno, el fiscal Juan Pedro Peralta coincidió con una parte del planteo defensivo: sostuvo que el debate no constituye técnicamente una cuestión de incompetencia, sino de organización territorial. Peralta fundamentó la postura del Ministerio Público Fiscal en las normas que regulan la competencia y organización judicial y sostuvo que no existe una delimitación territorial “tajante” o estática, sino una prioridad que debe analizarse de acuerdo con las condiciones particulares de cada caso.
El fiscal también rechazó que la decisión de mantener el expediente en Viedma se base únicamente en que allí se encuentra la administración provincial. Explicó que los haberes de los empleados públicos involucrados se liquidan y las órdenes de pago se efectivizan desde la capital provincial y vinculó ese aspecto con la hipótesis de defraudación a la administración pública que forma parte de la investigación.
La discusión por la jurisdicción es uno de los principales obstáculos que atraviesa actualmente la megacausa. Según el contexto publicado previamente por NoticiasNet, la investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en 2024 y alcanzó inicialmente a más de 120 policías, además de otros empleados públicos. Por su magnitud, el expediente fue dividido en distintos legajos y las audiencias se vienen realizando por tandas.
La causa investiga la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales y percibir los haberes correspondientes. Uno de los ejes centrales del expediente es determinar cómo funcionaba el circuito de los certificados y qué responsabilidad tuvo cada una de las personas imputadas.
Ahora, el juez Adrián Dvorzak deberá continuar con el tratamiento de los planteos formulados por las partes y, una vez concluidas las distintas audiencias previstas, resolver la discusión sobre la jurisdicción en la que continuará la megacausa.