Las cartas tachadas que la cárcel ocultó 50 años: el relato de Julia García sobre el terrorismo de Estado antes del Golpe
Cincuenta años después de haber sido secuestrada por las fuerzas de seguridad en Salta, la histórica ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur), Julia García, volvió a abrir las páginas de un pasado que la Argentina aún intenta comprender.
La excusa fue la entrega, por parte del Archivo de la Memoria de Salta, de su expediente carcelario original: un "prontuario" con notas, solicitudes médicas y cartas censuradas y rayadas por las autoridades del penal de Villa Las Rosas que jamás llegaron a destino.
En una entrevista a fondo en el programa El Radar de Radio Noticias (105.5 MHz), García reconstruyó su cautiverio, cuestionó las miradas simplificadas sobre la historia reciente y expuso la vigencia del reclamo por memoria, verdad y justicia.
"A mí me torturó un gobierno constitucional"
Uno de los ejes más potentes de su testimonio derrumba un mito extendido: su calvario no comenzó con la llegada de la junta militar en 1976, sino mucho antes, en pleno régimen democrático y bajo estado de sitio.
"A mí me secuestran en junio de 1975 en mi lugar de trabajo. Iban varios Falcon, me metieron en uno y me golpeaban para que bajara la cabeza. En ese momento uno gritaba el nombre bien fuerte para que alguien escuchara y avisara, porque antes del 24 de marzo (de 1976, fecha de inicio de la dictadura militar) pasaron cosas muy graves: la desaparición y muerte de cerca de 1.600 personas", recordó García.
Tras su paso por varios centros clandestinos e incomunicación en la Policía Federal, sufrió torturas con la acciión de picana eléctrica antes de ser blanqueada y puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
"A mí me puso presa la cárcel y me torturó un gobierno constitucional, no los militares. Remarco esto porque el golpe no nació de un repollo; fue un proceso que se vino construyendo desde antes del 24 de marzo de 1976. Las contradicciones y las luchas populares de la época se resolvieron con la Triple A y con la represión estatal", enfatizó.
García también apuntó contra la complicidad del Poder Judicial de la época, encarnada en jueces que convalidaban las detenciones indefinidas sin causa: "Le ponían al juez que, independientemente de lo que él decidiera sobre la libertad, íbamos a ser puestos a disposición del Poder Ejecutivo. No había causa que justificara la continuidad de la detención".
La masacre de Palomitas y el traslado a Devoto
Durante su estancia en el penal de Villa Las Rosas, las condiciones eran de un aislamiento extremo: sin visitas, sin diarios, sin libros y con la prohibición estricta de reunirse más de dos personas. En ese contexto, se produjo en julio de 1976 la denominada "Masacre de Palomitas", donde un grupo de presos políticos fue sacado de la cárcel y fusilado en la ruta bajo la falsa carátula de un "intento de fuga".
"Posteriormente, por la presión de la Cruz Roja Internacional, nos trasladaron a la cárcel de Devoto, que era la que se mostraba al mundo y tenía un régimen con algunas restricciones menos que en Salta", relató.
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Tragedia familiar e impunidad en Bahía Blanca
La historia de represión atravesó de lleno a su familia. En noviembre de 1974, su hermano, un joven obrero de la construcción de 18 años y delegado sindical en Bahía Blanca, fue secuestrado y acribillado con 33 balazos en lo que se convirtió en el primer crimen atribuido a la Triple A en esa ciudad bonaerense.
"Fue una locura. Nadie se podía imaginar en ese momento que llegaran a semejante nivel por perseguir a un delegado sindical. La respuesta popular fue masiva, más de 1.500 personas en la marcha al cementerio, pero los informes de inteligencia registraron todo el velorio para seguir persiguiendo. Cincuenta años después, la causa sigue impune en sus autores intelectuales y materiales; solo hubo una condena por asociación ilícita cuando todos sabíamos en Bahía Blanca quiénes manejaban la represión", denunció.
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Luchar y reconstruirse en Viedma
Tras ser liberada a fines de 1980 bajo el régimen de "libertad vigilada", Viedma se convirtió en su ciudad de radicación obligada. Con la prohibición de salir de la capital rionegrina y la obligación de presentarse periódicamente ante la policía provincial y la Policía Federal - "cada ida a la Federal era un verdugueo que te daba ganas de salir corriendo" -, encontró refugio en una institución clave.
"Le estoy eternamente agradecida al Obispado de Viedma. Desde el primer día fue la institución que me cuidó. Golpee la puerta porque sabía que los obispos de la zona hacían denuncias públicas. Ahí me recibieron, trabajé en la parroquia, con el padre Cosman y en proyectos de la pastoral", valoró.
Superada la dictadura y tras varios episodios de persecución laboral en los que le negaban empleos por sus "antecedentes políticos", ingresó al Ipros - donde conquistó el histórico beneficio del refrigerio para los trabajadores - y posteriormente al Poder Judicial mediante concurso.
En la Justicia rionegrina construyó una destacada trayectoria gremial que la llevó a encabezar la delegación Viedma y ocupar la secretaría adjunta del SiTraJur a nivel provincial durante los intensos años 90.
"Lo más importante de mi recorrido sindical no fue solo la lucha por el salario en épocas de recortes, sino haber logrado incorporar a los trabajadores judiciales, que a veces tenían otra autopercepción, a la lucha general de todo el pueblo trabajador", concluyó García, quien hasta el día de hoy continúa viajando a Salta y Bahía Blanca para brindar su testimonio en los juicios de lesa humanidad.
Una familia atravesada por la militancia y la represión
Oriunda de Bahía Blanca y radicada desde hace décadas en Viedma, Julia García creció en el seno de una familia trabajadora comprometida con la lucha por sus derechos. Junto a sus hermanos formó parte inicialmente de la Federación Juvenil Comunista (Fede) para luego militar en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
La tragedia familiar se desencadenó en septiembre de 1974, cuando la Triple A secuestró y ejecutó a su hermano Luis Jesús “el Negrito” García, de apenas 18 años. Tras el crimen, Julia, su madre Marcela y sus dos hermanas adolescentes huyeron hacia el norte argentino intentando resguardarse.
Sin embargo, en junio de 1975, Julia fue secuestrada de su lugar de trabajo en la ciudad de Salta por efectivos policiales. Fue trasladada a la Delegación de la Policía Federal, donde sufrió torturas a manos del comisario Federico Livy y del agente Juan Carlos Alzugaray.
Posteriormente fue alojada en la cárcel de Villa Las Rosas junto a otras trece presas políticas, hasta que en 1977 la derivaron al penal de Devoto. Obtuvo la libertad vigilada recién en agosto de 1980.