"El hecho más grave es el fraude": la Fiscalía defendió que la causa por certificados truchos siga en Viedma
Una audiencia judicial realizada este miércoles en Viedma volvió a poner en discusión dónde debe tramitarse la megacausa que investiga la presunta presentación de certificados médicos falsos por parte de agentes de fuerzas de seguridad.
Durante la audiencia de excepciones procesales, instancia previa para llegar a las imputaciones, las defensas plantearon ante el juez Adrián Dvorzak la incompetencia territorial de la Primera Circunscripción Judicial y solicitaron que el expediente sea remitido a la Segunda Circunscripción, con asiento en General Roca.
El primer planteo estuvo a cargo del abogado Julio Di Clérico, quien sostuvo que, de acuerdo con la propia descripción realizada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados ocurrieron en General Roca.
"Surge de manera palmaria e inevitable que el presunto hecho delictivo, a partir de la investigación, ocurrió en la ciudad de General Roca. El hecho principal tuvo ejecución, consumación íntegra dentro de los límites territoriales del ejido urbano. Y no existe causal procedimental que justifique la prórroga de jurisdicción ni la sustentación del trámite ante los jueces de Viedma", detalló.
Por su parte, el letrado Edgardo Pérez adhirió al planteo y sostuvo que los hechos, según la propia acusación, se desarrollaron en Roca y por ello “tienen que ser bajo la jurisdicción de la Segunda Circunscripción”.
Darío Sujonitzky fue más allá y explicó: "Los certificados médicos cuestionados habrían sido confeccionados y retirados de un domicilio de Roca y presentados ante las reparticiones donde trabajan en Roca y ayer mis asistidos, es decir, todos en la Segunda Circunscripción Judicial".
"El uso del documento se concreta cuando el certificado es presentado ante la autoridad correspondiente y en ninguno de los casos de los cuales son atribuidos a mis asistidos se hizo en Viedma", argumentó.
"Los allanamientos realizados, los secuestros de la documentación, de los elementos informáticos, el consultorio de la profesional investigada y casi todos los testigos que fueron incorporados por la Fiscalía también pertenecen a esta circunscripción", señaló.
"Aceptar que la causa tramite en Viedma por el hecho de que la denuncia fue presentada ante organismos de esa ciudad generaría una suerte de foro de atracción que no está previsto en el código", sostuvo Sujonitzky.
Por otro lado, Diego Broggini también adhirió al planteo de incompetencia "Es claro que la competencia debe ser atribuida a un juez penal de la Segunda Circunscripción Judicial. Acá lo que pretende la Fiscalía es que una causa vaya a los jueces, vaya a saber por qué", expresó.
Y agregó: "De admitirse la continuidad de esta causa en la Primera Circunscripción, absolutamente ajena a los hechos, a las personas que están involucradas, se estaría violando gravemente el principio de defensa".
La Fiscalía rechazó el planteo
Frente a los argumentos de los defensores, el fiscal Francisco Marano indicó que el Ministerio Público Fiscal se opuso a las excepciones.
"Entiendo que no existe afectación al principio de juez natural", sostuvo, y explicó que, a su criterio, las defensas estaban confundiendo "una distribución territorial administrativa de las funciones de los jueces con jurisdicción penal" con la competencia propia de los magistrados. Para Marano, el punto determinante está en el presunto fraude contra la Administración Pública.
"El hecho más grave es el fraude en perjuicio de la Administración Pública. No es cierto que el delito sea cometido en la ciudad de General Roca, porque el damnificado es el Estado Provincial de Río Negro y su asiento funcional es en esta ciudad", subrayó.
Y explicó: "La disposición patrimonial se produce en las arcas del Estado de Río Negro. No se produce cuando se acreditan los haberes en cada una de las cuentas de las personas que están imputadas. Al inicio de esta causa había hechos en las cuatro circunscripciones provinciales. De allí que se atrajo o se estableció como sede principal de la investigación esta Primera Circunscripción”.
Según detalló, en Viedma se realizaron "la pericia técnico-contable, el análisis de los dispositivos electrónicos, todas las medidas propias de la investigación, salvo las preliminares, el allanamiento y dos o tres testimoniales que se tomaron en un primer momento".
"Hacer lugar a la incompetencia que están planteando las defensas generaría un retardo en el presente legajo que ya se encuentra próximo a ingresar a la etapa preparatoria", sostuvo.
El fiscal Juan Pedro Peralta reforzó esa postura y puso el foco en la administración de los haberes de los empleados públicos. "Todos son empleados públicos provinciales y las liquidaciones de esos haberes que fueron, en definitiva, los que terminaron derivando en un perjuicio de una defraudación, fueron liquidados en la sede administrativa que está acá en Viedma", afirmó.
Y precisó que cambiar de fuero ahora "sería como iniciar de cero desde las formulaciones de cargos que ya están pedidas”.
El fiscal de Estado Federico Rosbaco también defendió la competencia de Viedma y apeló al criterio de economía procesal. "El criterio que debe seguir el magistrado para resolver cuál de estas dos circunscripciones va a tramitar como juez natural es el de la economía procesal", puntualizó.
"La disposición patrimonial se da cuando el titular de los fondos los dispone. Y eso ocurre en Viedma, en la sede central de la administración", resaltó.
Y fue más específico: "Es disposición patrimonial, no es aprovechamiento, no es inversión, no es extracción, no es acreditación, es cuando el Estado provincial dispuso de su patrimonio, y eso ocurre cuando transfiere. En Viedma, Primera Circunscripción Judicial".
El funcionario también respondió directamente al argumento de las defensas sobre los problemas de conectividad. "En esta causa no hay ninguna dificultad de conectividad", aseguró. Según explicó, la complejidad del expediente no estaría vinculada con la modalidad de las audiencias, sino con "la cantidad y distinta distribución territorial de los hechos que se están investigando".
"La conectividad hoy es una herramienta de igualación de las pocas que hay", afirmó Rosbaco. Y agregó: "Hoy es más fácil estar conectados que tener que trasladarse, pagar colectivos, pagar medio de transporte, combustible, que cada vez está más caro".
"A los imputados, una de las principales garantías del debido proceso es el plazo razonable de enjuiciamiento. Y es indudable que esto afectaría ese plazo razonable de enjuiciamiento", sostuvo.
De esta manera, la audiencia dejó planteada una discusión central sobre el expediente: las defensas sostienen que la causa debe tramitar en General Roca porque allí habrían ocurrido los hechos, mientras que la Fiscalía y la representación del Estado defienden la competencia de Viedma por el lugar donde, según su interpretación, se produjo el perjuicio patrimonial y por la concentración de la investigación.
Esta audiencia contó con una tanda de una quincena de imputados, con una sola ausencia y las próximas audiencias previstas serán los días 5, 7, 8 y 9 de octubre. El juez Dvorzak tomará una decisión sobre el cambio o no de jurisdicción una vez que se terminen todas las audiencias, que tendrán una ampliación de una y hasta tres audiencias más por las inasistencias.