Salud sexual y reproductiva: el desafío de sostener derechos ante el retroceso de políticas nacionales
Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, una fecha impulsada desde América Latina en 1990 durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina. La jornada busca visibilizar el acceso a la interrupción del embarazo como una cuestión de salud pública, derechos y autonomía.
En Argentina, la Ley 27.610, sancionada en 2020, garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive y establece que la práctica debe realizarse en un plazo máximo de diez días corridos desde su solicitud. Además, la atención debe ser gratuita en el sistema público, obras sociales y prepagas.
En diálogo con NoticiasNet, la médica generalista Maureen Dobree, que integra el equipo de salud del Hospital Zatti de Viedma, explicó que gran parte de su tarea está vinculada al acompañamiento en salud sexual reproductiva y no reproductiva.
“Muchas de mis intervenciones tienen que ver con tratar de acercar a las personas a la garantía del derecho y acompañarlas en las distintas decisiones en salud que va tomando a lo largo de su vida”, relató.
El acompañamiento y las barreras de acceso
Dobree indicó que, en los casos de interrupción del embarazo, el acceso oportuno y la construcción de un vínculo de confianza son aspectos centrales. “Todo tiene que ver con tratar de avanzar barreras que garanticen el acceso al derecho”, afirmó.
En la oportunidad, la médica explicó que la atención requiere tiempo, escucha y confidencialidad, y que muchas veces el acompañamiento continúa por vía telefónica para evacuar dudas, ya que “es un espacio de escucha y un espacio en donde se tiene que dar el tiempo para construir un vínculo de confianza y asegurar la confidencialidad”.
Según explicó, esta modalidad de acompañamiento toma elementos de las experiencias de grupos feministas que trabajan con líneas abiertas de escucha y acompañamiento. La diferencia es que, dentro del sistema formal de salud, esta modalidad no se encuentra institucionalizada de la misma manera.
“En las agrupaciones, que son tan importantes las agrupaciones sociales, hay un sostén que es colectivo, hay una red de compañeras que pueden distribuirse el trabajo de acompañamiento”, señaló.
En su caso, explicó que la cantidad de acompañamientos puede variar semana a semana y que el contacto telefónico se sostiene de acuerdo con las posibilidades de cada trabajadora. Dobree también destacó que no se trata de una tarea que realiza de manera aislada y mencionó el trabajo de otras profesionales de la salud que acompañan estos procesos en Viedma.
Medicamentos y diferencias entre provincias
Al analizar la situación actual, Dobree señaló que hubo cambios en la provisión de medicamentos e insumos vinculados a la salud sexual y reproductiva. “Antes venía asegurada por plan nacional, pero ya no existe más de esta manera. Ahora la provisión de medicación depende de cada provincia”, explicó.
Este cambio hace que cada jurisdicción deba resolver presupuestariamente cómo garantizar el stock de medicamentos. En ese marco, señaló diferencias en el acceso a determinados tratamientos y sostuvo que en Río Negro actualmente no existe una disponibilidad amplia del tratamiento combinado.
La especialista explicó que el tratamiento combinado utiliza dos medicamentos y que, según lo que describió, en la provincia se encuentra garantizado de manera amplia otro esquema de tratamiento.
Sin embargo, para Dobree, el problema del acceso no se limita exclusivamente a la medicación, sino que también incluye la información disponible y la manera en que se organiza la atención.
En ese sentido, recordó que anteriormente los programas nacionales también aportaban materiales de comunicación y folletería destinados a facilitar el acceso a información sobre derechos y salud sexual.
Un acceso que no es igual en todos los centros de salud
Otro de los puntos que marcó Dobree tiene que ver con las diferencias que existen dentro del propio sistema de atención. “La atención, la prioridad que se le da a este tipo de atención, que es una situación de salud y que entonces la urgencia es subjetiva de la persona, es muy desigual, no está estandarizado”, analizó.
En algunos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) una persona puede realizar una consulta sin turno y otros donde los mecanismos son diferentes. Para ella, esa falta de homogeneidad puede convertirse en una barrera.
“Más allá de que no sea una intención directa, hay que poder interpretar que lo que no se protocoliza, lo que no se ofrece como una práctica homogénea, recorta el acceso al derecho”, enfatizó.
En este contexto, consideró necesario retomar las instancias de capacitación y discusión sobre buenas prácticas en la atención del aborto, tanto para garantizar información adecuada como para evitar que las posiciones personales de quienes trabajan en salud interfieran en el acceso.
El temor a un retroceso en las prácticas de atención
Para Dobree, uno de los aspectos que genera preocupación en el escenario actual es que el retroceso no necesariamente pasa por una modificación de la ley, sino también por las condiciones concretas en las que se garantiza el acceso.
“Más allá de que una ley no se derogue, hay decisiones políticas y acciones políticas que responden a una lógica de retroceso en derechos y de retroceso de aplicación de esta ley”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la reducción de herramientas de información, de medicamentos o de políticas específicas también tiene consecuencias sobre el acceso efectivo.
Pero además señaló un aspecto vinculado con las prácticas dentro de las instituciones de salud. “Estamos volviendo a ver prácticas punitivas y eso es lo grave, gravísimo más allá de que falte medicación”, comparó.
Según la especialista, los discursos que cuestionan o deslegitiman el aborto pueden favorecer situaciones que van desde pequeños malos tratos hasta obstáculos dentro de la atención.
“Lo que venimos haciendo algunos trabajadores de salud es un trabajo de hormiga para poder hablar con un discurso que no sea punitivo y que tiene que ver con que el aborto y los métodos anticonceptivos son dos caras de una misma moneda, que es la libre decisión sobre el cuerpo, la programación y el proyecto de vida”, reflexionó.
Más allá de las discusiones sobre políticas públicas, existen condiciones concretas que deberían estar presentes cuando una persona se acerca al sistema de salud por un embarazo no intencional o que desea interrumpirlo.
Entre ellas, mencionó Dobree que la consulta debe desarrollarse en un espacio que garantice la confidencialidad, el respeto y la intimidad. También consideró importante que la persona pueda explicar cuál es su necesidad, recibir información sobre las diferentes opciones y ser derivada de manera oportuna cuando corresponda.
“Hay que estar atenta a poder ser recibida en un espacio de escucha que resguarde la confidencialidad”, sintetizó. Otros aspectos importantes son “que te puedan escuchar, que te pregunten cuál es tu necesidad… que te den una consejería activa de cuáles son todas las opciones que una persona tiene cuando enfrenta un embarazo no intencional”, enumeró.
La médica recordó además que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a realizar consultas de salud sexual y reproductiva de manera individual, sin necesidad de estar acompañados por un adulto, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa vigente.
En el marco del 28S, pone en agenda no solo la vigencia de la Ley 27.610, sino también las condiciones concretas necesarias para que el acceso al derecho pueda darse de manera oportuna, informada, confidencial y respetuosa.