Una megacausa en marcha: anuncian la formulación de cargos contra policías por supuestos certificados médicos truchos
La investigación por los presuntos certificados médicos truchos utilizados por policías de Río Negro tendrá finalmente este miércoles 23, a partir de las 8, la primera tanda de audiencias de formulación de cargos en el Anexo del Poder Judicial de Viedma.
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La causa, que involucra a más de 120 efectivos, había atravesado distintas postergaciones que impidieron avanzar con las imputaciones. La magnitud del expediente obligó al Ministerio Público Fiscal a dividir la investigación en nueve legajos, con audiencias de entre 20 y 25 acusados.
La última audiencia se suspendió, porque faltaba uno de los abogados defensores que se iba a conectar vía Zoom, al igual que otros letrados del alto valle. Ahora, está previsto que esta nueva audiencia sea con los defendidos únicamente por una de las defensas oficiales, compuesta por Pedro Vega y María Paz Álvarez, los cuales tienen a más de una veintena de defendidos. Se presume que todos o la mayoría de ellos se conecten por videollamada.
La particularidad del caso quedó expuesta desde el comienzo: se trata de una investigación con una cantidad inusual de personas involucradas y una estructura judicial que debe coordinar a fiscales, defensores, imputados y demás participantes. Por ello, se decidió juntar a abogados con un número reducido de clientes en una misma audiencia y hacer otras aparte con los que tienen más de una veintena de defendidos.
La investigación comenzó a partir de sospechas vinculadas con la utilización de certificados médicos presuntamente apócrifos para justificar inasistencias laborales dentro de la Policía de Río Negro. Lo que inicialmente era una pesquisa sobre tres agentes terminó ampliándose considerablemente a medida que aparecieron nuevos elementos.
El fiscal jefe Juan Pedro Peralta quedó al frente de la investigación y, ante el crecimiento del expediente, se conformó un equipo especial integrado por los fiscales Mariana Giammona, Candelaria Molineaux y Francisco Marano.
La causa llegó a superar los 120 miembros de la fuerza investigados, por lo que se optó por dividirla en nueve legajos para poder llevar adelante las audiencias.
El propio juez Adrián Dvorzak definió la investigación como “inédita” por la cantidad de personas involucradas. “Son casi 130, 140 personas. Hay alrededor de 17 abogados defensores. Es inédito creo que en el país semejante cantidad de gente en un solo legajo”, había señalado el magistrado.
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El antecedente de la última suspensión
La necesidad de comenzar con las audiencias tomó mayor relevancia después de la suspensión de la jornada que estaba prevista anteriormente. En aquella oportunidad, uno de los abogados defensores, Diego Broggini, no pudo asistir porque tenía otra audiencia en Cipolletti. El problema era que dos de sus representados estaban incluidos en la jornada y, según explicó Dvorzak, tenían una participación necesaria en las conductas investigadas.
Sin su defensor, no podía avanzarse con la formulación de cargos porque no estaba garantizada la asistencia técnica de los acusados. A eso se sumaron planteos de los defensores para que primero se resolvieran excepciones y cuestiones preliminares antes de avanzar con las imputaciones.
El Ministerio Público Fiscal planteó entonces la necesidad de reordenar el procedimiento y establecer una nueva dinámica para evitar que las cuestiones procesales siguieran demorando el inicio de la investigación formal.
El fuerte pedido del juez
Durante aquella audiencia, Dvorzak realizó un pedido concreto a todas las partes: que las audiencias no vuelvan a suspenderse una y otra vez. “Es simplemente que todos pongamos la mejor voluntad para que estas audiencias no se sigan suspendiendo y las podamos comenzar a tramitar de una vez por todas”, sostuvo.
La intención de la Justicia es que las personas investigadas puedan finalmente conocer con precisión qué se les atribuye y cuál es su situación judicial.
Con el nuevo esquema, las audiencias comenzarán este miércoles a las 8 de la mañana, en el Anexo del Poder Judicial de Viedma. Será la primera tanda de un proceso que deberá avanzar de manera escalonada debido a la cantidad de imputados y defensores.
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