Hackearon información del gobernador Weretilneck: qué giro tomó la causa judicial
Una nueva audiencia se concretó hoy en Viedma en el marco de la denuncia presentada por el gobernador Alberto Weretilneck a raíz del ingreso a los sistemas informáticos de la administración pública. La jornada se desarrolló luego de un cuarto intermedio y dejó una definición que puede cambiar el rumbo de la investigación: el planteo de la defensa sobre la falta de acción para que el Ministerio Público Fiscal pueda avanzar de oficio.
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Durante el debate en la sede del Poder Judicial, la defensa del acusado, encabezada por el abogado Santiago Güenumil, planteó una serie de excepciones que fueron aceptadas por el juez de la causa, Adrián Dvorzak. El letrado sostuvo que la investigación impulsada por la fiscal Yanina Estela Passarelli no podía iniciarse en los términos en que fue planteada.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue el carácter de los delitos que se investigan. Güenumil sostuvo que los dos hechos atribuidos a su defendido son de instancia privada y, por lo tanto, que el Ministerio Público Fiscal no tiene facultades para avanzar de oficio.
Luego del cuarto intermedio, Dvorzak explicó los fundamentos de su decisión. "El artículo 73, en su inciso segundo, habla de violación de secretos y privacidad (...) entiendo que cuando el artículo 73 fija las acciones privadas, hace dos excepciones: las del artículo 154 (empleados de correos y telégrafos) y 157 (regulación de secretos). Ninguno de los dos artículos fueron tenidos en cuenta por el Ministerio Público Fiscal", señaló.
El magistrado agregó: "Entiendo que los delitos que se están empezando a investigar, por regla general, abarcan el capítulo tercero, que son delitos no dependientes... Aclaro que son de instancia privada, porque dependiente de instancia privada es otra cosa. Se ha ubicado esto en el capítulo de violación de secretos y estamos ante hechos que reflejan la necesidad de una acción privada".
La fiscal cuestionó esa interpretación. Durante la audiencia, sostuvo que el hecho investigado encuadra en el artículo 153 bis del Código Penal, que contempla el acceso ilegítimo a un sistema o dato informático, una figura conocida como hacking o intrusismo informático. Según explicó, esa norma prevé una pena de hasta un año de prisión cuando el acceso afecta a un organismo público, un proveedor de servicios públicos o una entidad financiera.
Cómo sigue la investigación
La decisión del juez abre ahora una nueva instancia. Al hacer lugar al planteo de la defensa por falta de acción, el Ministerio Público Fiscal no podría continuar con la investigación de oficio a partir de la denuncia realizada por el Ejecutivo.
La alternativa sería que la acusación avance por la vía privada. En términos concretos, el gobernador Weretilneck debería impulsar la denuncia mediante un abogado particular contra el empleado señalado como responsable del ingreso a los sistemas.
Desde la Fiscalía ya anticiparon que buscarán revertir la decisión. Passarelli sostuvo: "Plantearemos la revocatoria, con la reserva consecuente de impugnar. Entiendo que la resolución no da acabada respuesta ni abarca los planteos íntegros de la Fiscalía".
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El caso
A fines de junio, el gobierno de Río Negro denunció un supuesto hackeo al sistema informático de la administración pública. La acusación apuntó contra un empleado público que trabaja en Altec, a quien se le atribuyó el ingreso a información confidencial, entre ella datos vinculados al gobernador Weretilneck, como sus recibos de sueldo.
Sin embargo, desde la empresa estatal sostuvieron una versión diferente a la de un hackeo. Según explicó la empresa de tecnología estatal, se comprobó que el acceso al sistema se realizó utilizando un usuario y una contraseña.
A partir de la denuncia se realizó un allanamiento y comenzó la investigación judicial que ahora enfrenta una discusión clave: si el Ministerio Público Fiscal puede avanzar de oficio o si, por el tipo de delito que se investiga, la causa debe ser impulsada mediante una acción privada.
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