Volvió a ser detenido el único joven liberado tras un asalto a un taxista
Cristian Agustín Villarroel, uno de los jóvenes que había sido condenado por el violento asalto a mano armada contra un taxista de Viedma, volvió a quedar involucrado en un procedimiento policial. Esta vez no fue por un nuevo robo, sino por el presunto incumplimiento de una medida judicial que tenía vigente.
El episodio ocurrió este jueves alrededor de las 16, cuando desde el sistema 911 se recibió un llamado que alertaba sobre un supuesto disturbio en una vivienda ubicada en la calle Descalzi del barrio Sargento Cabral.
Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 34 encontraron en el interior del domicilio a Villarroel junto a su abuela. El problema fue que, según consta en el parte policial, existían medidas cautelares vigentes que le impedían a Villarroel acercarse o mantener contacto con la señora.
Ante esa situación, y en presencia de testigos, los uniformados procedieron a trasladarlo a la dependencia policial en calidad de aprehendido por desobediencia judicial.
La Fiscalía de turno, a cargo de la doctora Mariana Giammona, tomó intervención y dispuso el inicio de actuaciones judiciales, además del relevamiento de cámaras de seguridad y testigos, la incorporación de antecedentes, la notificación al médico policial y la confección del acta de procedimiento.
El expediente será elevado posteriormente a la Fiscalía N° 8.
El antecedente que lo puso nuevamente bajo la lupa
El nombre de Villarroel ya había aparecido recientemente en los tribunales viedmenses, el 21 de agosto pasado, hace dos semanas. El joven fue uno de los tres acusados en un juicio abreviado, por el asalto a mano armada contra un taxista ocurrido el 24 de junio de 2025, cuando el trabajador fue amenazado y golpeado durante un viaje.
Según la acusación fiscal, Villarroel, Alejo Javier Romero y Diego Hugo Luis Ñanculeo abordaron el taxi en la plataforma ubicada en Zatti y Alem y, antes de llegar al destino, amenazaron al conductor con un arma de fuego y le sustrajeron dinero, documentación, tarjetas, las llaves del vehículo y un teléfono celular.
Los tres reconocieron su participación y aceptaron las penas acordadas con la Fiscalía en un juicio abreviado. Villarroel recibió tres años de prisión de ejecución condicional, mientras que Romero y Ñanculeo fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva y ya se encontraban detenidos.
La situación de Villarroel había sido diferente porque no registraba antecedentes penales. Por eso, además de la pena en suspenso, se le impusieron distintas reglas de conducta y monitoreo electrónico durante un período inicial de ocho meses.
Días después, otra causa por robo
Pero el antecedente del taxista no fue el último episodio judicial protagonizado por Villarroel.
Pocos días después de aquella condena, el 25 de agosto también quedó imputado junto a Romero por el robo a una vivienda del barrio Don Bosco, ocurrido durante la madrugada del 17 de diciembre de 2025.
En ese caso, la Fiscalía sostuvo que ambos habían ingresado a una vivienda de la calle San Cayetano al 300 y sustraído distintos elementos, entre ellos una computadora, un televisor, auriculares, un parlante y una caja de herramientas.
La investigación incorporó, entre otros elementos, información aportada por la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico, que ubicó a ambos en las inmediaciones de la zona debido a que utilizaban pulseras electrónicas. Durante un allanamiento también se recuperó parte de los elementos denunciados como robados.
Sin embargo, en aquella audiencia el juez de Garantías no impuso nuevas medidas cautelares y Villarroel continuó bajo las condiciones derivadas de la condena anterior.
El procedimiento de este jueves abre ahora un nuevo capítulo. La acusación inicial no está vinculada con un robo, sino con el presunto incumplimiento de una medida cautelar.
La Policía deberá determinar, junto con la Fiscalía, las circunstancias en las que Villarroel ingresó al domicilio de su abuela y si esa presencia implicó efectivamente una violación de las restricciones que se encontraban vigentes.
Para eso se ordenó recopilar grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios, además de incorporar los antecedentes correspondientes.