CONFLICTO
Denunciaron a la ministra Alejandra Monteoliva y un comisario de la PFA por la represión en el Congreso
El reconocido abogado Gregorio Dalbón ha presentado recientemente una denuncia judicial que ha sacudido las estructuras del Ministerio de Seguridad de la Nación. La denuncia tiene como blanco principal tanto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, como al comisario inspector de la Policía Federal Argentina (PFA), Gustavo Antonio Gauna.
Esta acción judicial tuvo lugar a raíz de los eventos ocurridos durante una manifestación que terminó en represión cerca del Congreso, que rápidamente se ha convertido en un escándalo de gran magnitud involucrando tanto a las fuerzas de seguridad como al marco político actual.
Las acciones de Gauna, quien ha podido ser claramente identificado en secuencias captadas por las cámaras y difundidas ampliamente en redes sociales, muestran al comisario operando vestido de civil y sin una adecuada identificación. Este punto ha sido objeto de crítica severa por parte de la sociedad y ha suscitado un llamado urgente a las autoridades para que brinden explicaciones. La falta de elementos identificatorios y el accionar en situación de civil han generado alarma debido a la transparencia y control necesarios en este tipo de operativos policiales.
Dalbón, conocido por su abordaje crítico respecto a prácticas de seguridad que podrían infringir derechos humanos, hizo declaraciones contundentes al respecto. En declaraciones al canal C5N, el abogado afirmó firmemente que Gauna es el principal responsable de los lamentables eventos y subrayó la preocupante ausencia de identificación durante la situación. “Está actuando con una impunidad alarmante," comentó Dalbón con vehemencia, mencionando la necesidad de revalorar prácticas dentro de las fuerzas de seguridad para evitar situaciones de abuso.
El contexto se profundiza debido a los antecedentes de Gustavo Gauna, quien, paradójicamente, había logrado generar una imagen robusta durante el juicio por el asesinato del joven Lucas González en 2021, donde sus palabras fueron clave para la acusación de los policías culpables. Este antecedente contrasta de manera impactante con su reciente conducta, socavando la reputación construida previamente y suscitando cuestionamientos sobre los propios estándares internos y la formación ética policial.
La queja de Dalbón también ha alcanzado a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El abogado no dudó en señalarla como cómplice del clima de represión que, según él, está desplegando el gobierno de Javier Milei. A sus palabras, alertó sobre los riesgos de un descontrol constante, manifestando su preocupación por un potencial aumento de violencia en las manifestaciones, lo cual podría derivar en consecuencias fatales.
Las recomendaciones de Dalbón reclaman una reforma crucial en las prácticas de seguridad antes de que se lleguen a lamentar eventuales pérdidas humanas innecesarias.