Incumplió pautas judiciales y pidieron revocar el beneficio a un acusado de violencia de género
Una fiscalía de Viedma solicitó este lunes que se revoque el beneficio de suspensión de juicio a prueba otorgado a un hombre, al considerar que incumplió las pautas de conducta que debía respetar en el marco de una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y desobediencia judicial.
El beneficio había sido concedido el 16 de mayo de 2025 por el plazo de un año. Entre las condiciones fijadas se encontraban el control del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL), mantener el domicilio informado, respetar una prohibición de contacto y acercamiento respecto de la víctima, concurrir a un grupo de hombres, realizar un curso de nuevas masculinidades y efectuar un pago de $10.000.
Según expuso el Ministerio Público Fiscal, representado por Yanina Estela Pasarelli, el imputado ya había sido instado a regularizar el cumplimiento de esas obligaciones en una audiencia realizada el 27 de febrero, instancia en la que además se extendió el plazo hasta el 31 de julio.
Sin embargo, un informe del IAPL fechado el 30 de junio indicó que la última presentación del imputado ante el organismo había sido el 13 de abril y que no había concurrido durante mayo y junio. También consignó que se habían realizado intentos de comunicación telefónica sin respuesta.
En la oportunidad la fiscal argumentó que “está dando cuenta de un incumplimiento de prácticamente la totalidad de las pautas que le fueron acordadas”. Además, agregó que no había retomado la asistencia al grupo de hombres y que, respecto del curso de nuevas masculinidades, solamente constaba una presentación.
Por su parte el defensor oficial, Pedro Vega se opuso al planteo y cuestionó tanto la existencia de una intimación previa como la información aportada por el IAPL. También calificó al documento como una “nota muy simple” y sostuvo que no permitía reconstruir de manera suficiente el cumplimiento de las obligaciones.
Según explicó, en la audiencia del 27 de febrero el juez interviniente en el caso había instado al imputado a cumplir las pautas, pero no había utilizado formalmente la palabra “intimar”.
“La Fiscalía viene aquí a solicitar la revocación de un beneficio y eventualmente es quien debe probar lo que debe acreditarse para llegar a esa revocación”, dijo el abogado defensor.
La defensa explicó que el hombre se había trasladado a una localidad vecina, ya que allí encontró un empleo que le permite subsistir, por lo que el cumplimiento de algunas de las pautas se vio dificultadas. En ese marco, pidió que se le otorgue al imputado una nueva oportunidad y que se extienda el plazo para cumplir con las condiciones.
Un cuarto intermedio y la resolución
Ante el planteo de la defensa, la Fiscalía pidió un cuarto intermedio para solicitar al IAPL información complementaria y precisar los datos cuestionados durante la audiencia, y en este marco, Estela Pasarelli deberá incorporar esa información y luego se dará traslado a la defensa antes de la reanudación de la audiencia.
De esta manera, el juez de Garantías Juan Martin Brussino Kain no resolvió por el momento si revocará o mantendrá el beneficio. La decisión quedará para una nueva instancia, una vez que las partes cuenten con el informe ampliado y puedan volver a formular sus argumentos.