El desalojo de una madre con cinco hijos volvió a quedar en suspenso: el juez citó al IPPV y al Municipio
La ejecución del desalojo de Elisabet Romero, condenada por el delito de usurpación de un departamento perteneciente a la Fundación Creando Futuro en el barrio 20 de Junio de Viedma, volvió a quedar en suspenso este lunes.
En una audiencia atravesada por la ausencia de organismos estatales convocados para aportar una solución habitacional, el juez Carlos Reussi resolvió postergar una definición y convocar a una nueva audiencia antes de decidir si ordena el desalojo compulsivo.
La jornada comenzó con un retraso de poco más de diez minutos mientras se aguardaba la llegada de representantes del Municipio de Viedma y del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). Ninguno de los organismos asistió, pese a haber sido convocados.
Esa ausencia terminó atravesando buena parte del debate y fue uno de los elementos que el magistrado ponderó al momento de diferir una resolución. En representación del Ministerio Público Fiscal, Francisco Marano repasó el derrotero judicial de una causa iniciada tras la ocupación del inmueble en 2020 y que culminó con la condena dictada el 15 de mayo de 2024, posteriormente confirmada en las instancias locales.
El fiscal recordó que la ejecución del desalojo fue postergándose por distintas circunstancias excepcionales, principalmente por el delicado estado de salud de una de las hijas de Romero, quien debió ser sometida a un trasplante. Si bien reconoció que la niña continúa requiriendo cuidados permanentes, afirmó que "ya no reviste la urgencia que existía en aquel momento".
Marano también hizo referencia a los informes socioambientales incorporados al expediente, los cuales describen una situación de vulnerabilidad económica, pero también un "importante deterioro de la vivienda ocupada, con filtraciones, humedad y deficiencias estructurales", condiciones que incluso afectan el estado sanitario de la menor trasplantada.
En ese contexto sostuvo que, desde la perspectiva de la Fiscalía, el proceso llegó a un punto en el que ya no existen nuevas alternativas dentro del expediente penal. "No tenemos otra alternativa más que solicitar que se efectivice el desalojo", afirmó.
No obstante, pidió que al momento de concretarse la medida intervengan la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), el Municipio, el IPPV y el fuero de Familia para evitar una mayor situación de vulnerabilidad de los hijos de Romero.
Además, advirtió que los progenitores de los menores no estarían cumpliendo con sus obligaciones alimentarias y sugirió que esa situación sea abordada por el fuero de Familia.
La defensa cuestionó al Estado y pidió frenar el desalojo
La respuesta más enérgica llegó desde la defensa. El abogado Carlos Dvorzak cuestionó el accionar de los organismos públicos y sostuvo que, pese a los numerosos informes elaborados durante los últimos años, ninguno logró ofrecer una solución concreta al problema habitacional.
Basándose en el reciente informe del Cuerpo de Investigación Forense, argumentó que el conflicto excede ampliamente el delito de usurpación y refleja una problemática atravesada por múltiples factores de vulnerabilidad: pobreza estructural, violencia de género, precariedad laboral, falta de acceso a una vivienda y la responsabilidad exclusiva del cuidado de una niña trasplantada.
Durante su exposición leyó las conclusiones del informe, donde advierten que una eventual situación de calle vulneraría el interés superior de los niños y podría comprometer especialmente la salud de la menor. El documento también recomienda una articulación urgente entre el IPPV, Desarrollo Humano, el Consejo de Discapacidad y el Municipio para garantizar una respuesta habitacional.
En ese sentido, Dvorzak fue particularmente crítico con la ausencia del IPPV en la audiencia y sostuvo que el Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna.
La mirada de la Defensoría de Menores
Por su parte, el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan José Álvarez Costa recordó que ese organismo viene interviniendo desde hace varios años mediante informes socioambientales y entrevistas con Romero para monitorear la situación del grupo familiar.
Si bien reconoció que la Fiscalía se encuentra legitimada para solicitar la ejecución del desalojo, coincidió en que la problemática habitacional excede el proceso penal y comprometió nuevas gestiones vinculadas al reclamo de cuota alimentaria y a la intervención de los organismos de protección integral.
La medida del Juez
Al momento de resolver, el juez Carlos Reussi realizó una extensa reflexión sobre las distintas dimensiones del conflicto. Recordó que existe una condena por usurpación y que el delito consiste en avanzar ilegítimamente sobre la propiedad de terceros.
"Hace seis años está ocupando una vivienda que no tiene derecho a ocupar", señaló. No obstante, reconoció que el expediente expone una realidad mucho más compleja que la mera discusión sobre el derecho de propiedad.
Durante su análisis dejó entrever su frustración por la falta de respuestas estatales que, a lo largo de estos años, permitieran arribar a una solución definitiva. "Viene un fiscal, viene otro, vienen representantes de distintos organismos, cambian funcionarios, cambian defensores, pero no aparece ninguna búsqueda efectiva de una solución", resumió.
También recordó que Romero recibió distintas ayudas económicas y que, en algunas oportunidades, no completó la documentación requerida para acceder a programas estatales. Aun así, consideró que no correspondía adoptar una decisión definitiva sin escuchar previamente a los organismos cuya ausencia marcó la audiencia.
"No quiero tomar esta decisión sin antes escuchar al IPPV y a la SENAF" indicó el magistrado. Por ese motivo resolvió convocar a una nueva audiencia con la presencia obligatoria del IPPV, el Municipio de Viedma, Desarrollo Humano, Salud y los demás organismos involucrados.
“Es la solución que hoy encuentro más razonable para intentar resolver el conflicto de fondo y la situación de estos chicos", concluyó.