Busca declarar la emergencia ambiental en una zona de Viedma por acumulación de vehículos secuestrados
El Concejo Deliberante de Viedma trabaja un proyecto de ordenanza que propone declarar la Emergencia Ambiental y Sanitaria en un depósito municipal donde se almacenan vehículos secuestrados. La iniciativa busca dar respuesta a la saturación de estos predios y avanzar con un plan de descontaminación, desguace y compactación de las unidades que permanecen abandonadas desde hace años.
La propuesta, impulsada por el presidente del Concejo, Pedro Bichara, establece que la emergencia tendrá una vigencia de un año y apunta a agilizar el tratamiento de los vehículos retenidos por más de seis meses, siempre que no estén vinculados a causas judiciales. Según los fundamentos del proyecto, la acumulación de automóviles y motocicletas genera problemas ambientales, riesgos para la salud pública y dificultades operativas para el Municipio, además de ocupar espacios que ya se encuentran al límite de su capacidad.
El texto también prevé un procedimiento abreviado para identificar a los propietarios de los vehículos. Para ello, el Ejecutivo deberá publicar edictos convocando a los titulares, quienes contarán con un plazo de cinco días hábiles para presentarse y regularizar su situación. Si ese plazo vence sin que exista un reclamo, el Municipio quedará habilitado para avanzar con la descontaminación, el desguace o la compactación de las unidades.
La iniciativa excluye expresamente a los vehículos que se encuentren a disposición de la Justicia, por lo que solo alcanzará a aquellos que dependan exclusivamente de la órbita municipal.
Sobre los motivos que lo llevaron a dar este paso, contó en NoticiasNet: “Hemos observado un vacío muy importante y le queremos dar al Poder Ejecutivo para sanear ese espacio y erradicar los autos y motos que ya no deben estar ahí. Nos parece un salto cualitativo desde lo ambiental en un espacio que estamos planteado declarar ese predio la emergencia ambiental”.
Otro de los puntos destacados del proyecto es el destino que tendrán los recursos obtenidos de la venta de la chatarra resultante del proceso de compactación. La ordenanza propone que esos fondos sean destinados a la Agencia Local de Seguridad Vial, con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención y seguridad en el tránsito.
Además, contempla que aquellos vehículos que, por su estado, aún sean aptos para circular puedan ser incorporados al patrimonio municipal o cedidos a instituciones de bien público, siempre que cumplan con los requisitos legales y administrativos establecidos.