2026-06-16

Un conflicto gremial por información reservada terminó en la Justicia

La conducción de los legislativos presentó una denuncia penal contra ex miembro. Obedece que al no contar con la clave del correo electrónico, tuvieron múltiples inconvenientes para avanzar en la realización del balance del año 2024 y pidieron la imputación del autor de la maniobra.

La sala anexa del Poder Judicial de Río Negro fue sede de la realización de una audiencia penal en el caso que involucra a un ex integrante de la comisión directiva de la Asociación del Personal Legislatura (APEL). Está acusado por “retención indebida y violación de secretos de privacidad”, al no devolver la clave de correo institucional, pese a haber renunciado en noviembre de 2024.

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La audiencia fue presidida el juez de Garantías, Adrián Dvorzak, y estuvieron presentes la fiscal Mariana Giammona, el abogado defensor Pedro Javier Vega, el querellante Santiago Nahuel Guenumil y el secretario general del gremio, Gustavo Morón.

Por qué no fue imputado

Inicialmente el debate se concentró en un pedido del defensor para que no se nombre y ni se difundan imágenes del cuestionado, lo cual fue aceptado por el magistrado, y por este motivo un equipo periodístico de NoticiasNet -presente en la sala- se vio impedido de brindar precisiones.

Durante el debate, la fiscal informó que, tras conversaciones con la defensa en un cuarto intermedio se llegó a un principio de acuerdo conciliatorio. En este sentido, solicitó la suspensión de los plazos procesales para formalizar y establecer los alcances del convenio, proponiendo una solución alternativa que implique la suspensión de la investigación preparatoria.

El defensor acompañó la solicitud, precisando que la suspensión de plazos sería por un término de cuatro meses, debido a la necesidad de la intervención del Laboratorio de Investigación e Informática Forense, cuya disponibilidad es de aproximadamente tres meses. Explicó que este tiempo permitirá formalizar el acuerdo en sede del Ministerio Público Fiscal y concretar exitosamente lo pactado entre las partes.

El juez Dvorzak aceptó la solicitud y dispuso la suspensión de los plazos por cuatro meses a partir de la fecha de la audiencia, aclarando que la formulación de cargos queda en pausa mientras dura este período. En caso de no formalizarse o cumplirse el acuerdo antes del 16 de octubre, fecha límite establecida, se retomará la audiencia para resolver sobre la formulación de cargos.

Finalmente, el magistrado indicó que, si el acuerdo se cumple, las partes podrán solicitar el sobreseimiento y el tribunal no intervendrá en el asunto, dando por concluida la audiencia y suspendiendo los plazos conforme al artículo 169, inciso 7 del Código Procesal.

La posición del gremio

Finalizada la audiencia, este medio dialogó con el secretario general del gremio, Gustavo Morón, quien explicó el motivo por el cual terminó esta situación en la Justicia. En tal sentido, comentó que “al no contar con la clave del correo electrónico el sindicato tuvo múltiples inconvenientes para avanzar en la realización del balance del año 2024”.

En este orden, expresó que “ésta persona renunció en noviembre de 2024 por lo que no teníamos acceso a la clave ni a la información de tres años en el cargo, con lo cual no podíamos avanzar en el balance”.

Además, explicó que “en ese correo había información sobre pagos a proveedores, laboratorios, farmacia, seguros. Toda información ligada a la situación financiera del gremio, complicando el normal funcionamiento de la institución”.

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